Feijóo aboga por un plan de ahorro energético para evitar restricciones a familias, empresas y centros públicos

El presidente del PP advierte de que sería “un disparate” cortar la energía a las industrias en invierno porque supondría más paro, déficit y deuda y menos incremento a la riqueza 

Critica las contradicciones del Gobierno que hace tan solo una semana pedía un plan de ahorro y ahora se niega a cualquier tipo de medida. “Nosotros sí estamos de acuerdo con un plan de ahorro para que no haya restricciones porque una cosa es ahorrar y otra restringir la energía imprescindible para empresas, centros públicos y hogares”, subraya

“Algunos dirán: ¿y cómo desde la oposición se pide un ahorro energético? Porque nosotros no hacemos la oposición a España. Nos debemos a España”, recalca

Pide no demonizar a sectores claves de la economía con más impuestos y apunta al modelo británico de premiar y no castigar a empresas que reinvierten sus beneficios

Afirma que castigar con más impuestos a sectores clave de la economía es castigar con más impuestos a los ciudadanos porque se les pueden acabar trasladando dichas subidas, al tiempo que acusa al Ejecutivo de buscar culpables a una situación que es incapaz de corregir. “El objetivo del Gobierno es buscar culpables, no encontrar soluciones”, lamenta

Advierte al Gobierno de que, tras los nuevos impuestos a eléctricas y bancos, el PP estará atento a la posibilidad de que se introduzca una nueva tasa a los supermercados, que considera “una broma”

Afirma que se ha perdido una buena oportunidad para bajar el IVA al gas, el impuesto de hidrocarburos y para deflactar la tarifa del IRPF, que hubiera dado oxígeno a las familias españolas. “En lugar de eso, el Gobierno se ha dedicado a hablar de poderes ocultos, conspiraciones mediáticas y plantear incrementos en la presión fiscal”, añade

Asegura que “otra política económica es posible”, al tiempo que critica la falta de sensibilidad del Gobierno más caro de la democracia, que cuenta con 803 asesores, que es la cifra total que aparece en el registro de transparencia del Gobierno

Señala que la subida de precios en España y sus efectos tiene muchos componentes externos, pero también es consecuencia de “la pésima gestión” del Gobierno por su errática política exterior, que pagamos con el conflicto de Argelia, y consecuencia de “su equivocada política económica”

Lamenta que con el Gobierno de Sánchez, “España sea el país con mayor inflación, el más endeudado de la UE, el único de los 27 que no ha recuperado las cifras de PIB prepandemia y que tiene el doble de paro que la media de la Unión”

Advierte al Ejecutivo de que “el grave problema” de la inflación no se palía con un aumento masivo de la deuda pública ni tampoco con las medidas propuestas por Sánchez desde abril. “La excepción ibérica nos costará 1.000 millones de euros en un año”, avisa

Critica que “el Gobierno renuncia a cambiar el rumbo de una nave que corre el riesgo de chocarse con un iceberg” y defiende la vigencia de los pactos que ha ofertado al Ejecutivo. “En 100 días hemos presentado más documentos de acuerdos, de los que hemos recibido del Gobierno en cuatro años”, señala

Destaca que los españoles ven “con desasosiego” que el Gobierno no tiene un plan económico porque el Gobierno tiene una crisis. “No solo la de los españoles sino la crisis de su Gobierno, la crisis que tiene con sus socios parlamentarios y la del PSOE”. “Es imposible que un Gobierno que está en crisis gestione la crisis económica”, remarca

Reivindica la estabilidad en política como “condición necesaria”, también desde la oposición cuando se aspira a ser alternativa de Gobierno. “Para ser útil, la política ha de perseguir la estabilidad, disminuyendo las incertidumbres en las que vivimos desde hace cuatro años. Y para ser útil, la política ha de dar prioridad a lo prioritario, conciliando el corto, el medio y el largo plazo”, subraya

Defiende un nuevo modelo de financiación autonómica “más justo y transparente”, al tiempo que añade que no tiene sentido seguir aplazando “uno de los mayores retos en la gestión de la España de las autonomías”.

Remarca que el modelo vigente fue impuesto a las CC.AA. por el acuerdo que el Gobierno socialista alcanzó con el tripartito de Cataluña en 2009, y señala que nuevamente los independentistas vuelven a ser determinantes para que reformas como esa se aprueben en las Cortes

Critica que la reforma de dicho modelo siga bloqueada porque le interesa al independentismo catalán, que “no encaja en el modelo que le interesa a la mayoría de las CC.AA.”

Considera que el Corredor del Mediterráneo es una infraestructura que “no supone una pérdida correlativa para otros territorios de España ni impide que se desarrollen otras infraestructuras, como el Corredor Atlántico”. “En el fondo y en la forma les asiste la razón”, recalca