El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes, para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015, que ha azotado la práctica totalidad del territorio nacional.
Además del temporal, hay que destacar las inundaciones extraordinarias por la crecida del río Ebro que han afectado en los últimos días, especialmente a la provincia de Zaragoza, donde el Ebro ha alcanzado niveles desconocidos en los últimos veinte años. En una primera estimación, el desbordamiento de los cauces ha anegado cerca de veinte mil hectáreas de terreno y ha obligado a desalojar a alrededor de 1.500 personas de las riberas alta y baja del Ebro.
La reacción del Gobierno ante las consecuencias de estos fenómenos meteorológicos ha sido muy ágil y rápida, hasta el punto de que se ha aprobado un Real Decreto Ley cuando todavía no hay una estimación definitiva de los daños. El Gobierno ha actuado desde el primer momento visitando las zonas afectadas, se ha interesado por los daños provocados por el temporal y ha mantenido un estricto seguimiento de todo lo que ocurría para poder actuar en consecuencia.
De acuerdo con las estimaciones aportadas por las distintas Administraciones, se pueden cifrar los daños totales en, al menos, 105,7 millones de euros, casi la totalidad de ellos corresponden a daños en bienes de titularidad estatal - 100,7 millones de euros -; de ellos, corresponden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 70,1 millones de euros.
El Consejo de Ministros podrá eximir de evaluación de impacto ambiental a aquellas obras de reparación o rehabilitación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones que deban hacerse por el procedimiento de urgencia.
Además, se faculta a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para declarar zona de actuación especial para la restauración del dominio público marítimo terrestre e hidráulico y las infraestructuras rurales de uso general, y para declarar la emergencia de las obras a ejecutar por dicho Departamento en los citados ámbitos.
Se crea una Comisión Interministerial para la aplicación y seguimiento de las medidas establecidas en este Real Decreto Ley, integrada por representantes de los ministerios implicados.
El objetivo del Gobierno es restaurar todos los daños, indemnizar las pérdidas y devolver, lo antes posible, la situación a la normalidad.
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