España se suma a Hungría y Eslovaquia, por la creciente preocupación por la independencia judicial, la corrupción y la separación de poderes
Bruselas 13 de febrero de 2024.- Una delegación oficial del Parlamento Europeo visitará España del 16 al 18 de febrero para analizar la situación del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales, en el marco de una misión del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) que llega en un contexto de creciente preocupación institucional. El presidente Pedro Sánchez, y los ministros del Gobierno de Justicia, Félix Bolaños y de Interior, Fernando Grande Marlaska, se han negado a recibir a la delegación de eurodiputados.
La misión, impulsada por el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales (DRFMG), se produce tras los últimos informes europeos sobre el Estado de derecho, el aumento de los casos de corrupción y los reiterados avisos sobre los fallos en la independencia judicial en España. Se trata de una visita de carácter excepcional: hasta ahora, solo se han realizado misiones de este tipo en Hungría y Eslovaquia, dos países sometidos a un escrutinio reforzado por parte de la Unión Europea.
Desde la delegación del Partido Popular subrayan que el viaje del Parlamento Europeo como institución no es protocolario, sino consecuencia directa de los problemas persistentes que presenta España en materia de separación de poderes, funcionamiento de la Justicia y control del poder ejecutivo. En este sentido, critican que el Gobierno haya rechazado recibir a los eurodiputados, a diferencia de lo ocurrido en Eslovaquia, donde el primer ministro sí mantuvo un encuentro con la misión. La petición de reunión con Sánchez, añaden, estaba respaldada por todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, incluidos los socialistas europeos, pero fue igualmente rechazada.
Reuniones al máximo nivel
La agenda de la delegación incluye reuniones de máximo nivel con el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, en un momento en el que sigue pendiente el cumplimiento íntegro del acuerdo de renovación del CGPJ, que incluía una posterior modificación legislativa comprometida para reforzar la elección de los vocales judiciales por los propios jueces, tal y como reclaman reiteradamente las instituciones europeas.
La delegación mantendrá además un encuentro con la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, designada tras la condena de Álvaro García Ortiz, una situación que ha sido señalada como un factor que debilita la percepción de independencia del Ministerio Fiscal en España.
La misión se reunirá también con las principales asociaciones de jueces y fiscales, con organizaciones de la sociedad civil, con expertos académicos y con el Consejo de Informativos de RTVE, en el marco de las crecientes denuncias por la politización y manipulación de la radiotelevisión pública. Desde la delegación del PP lamentan que el director de RTVE también ha declinado reunirse con los eurodiputados, y ello, tras las denuncias por el cambio de mayorías en el sistema de elección del consejo de administración, la externalización masiva de programas y las dudas sobre el uso de fondos europeos.
En materia de lucha contra la corrupción, los eurodiputados analizarán el retraso de España en la transposición de la directiva europea anticorrupción, que coincide con el elevado número de procedimientos abiertos contra el país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También tendrán en cuenta los últimos datos que reflejan que España ha caído al puesto 49 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, con 55 puntos sobre 100, su peor resultado histórico.
Desde el PP recuerdan que el anuncio de una estrategia anticorrupción por parte del Gobierno se produjo tras la imputación del dirigente socialista Santos Cerdán y subrayan que, a día de hoy, no se ha presentado ningún calendario, contenido concreto ni medidas efectivas que permitan evaluar su puesta en marcha.
“La agenda demuestra la gravedad de la situación: el Parlamento Europeo se reúne con todos los contrapesos institucionales del Estado —Justicia, Fiscalía, medios públicos y sociedad civil— y con todo el mundo excepto con el Gobierno”, señalan fuentes de la delegación popular, que interpretan el plantón del Ejecutivo como “una falta de respeto institucional y una señal preocupante para la Unión Europea”.
El programa incluye reuniones con instituciones del Estado, organizaciones judiciales y sociales, así como una rueda de prensa final en la que la delegación expondrá sus primeras conclusiones sobre una misión que, según el PP, confirma que España ha entrado en el radar europeo con problemas estructurales que amenazan con convertirse en estructurales para el Estado de derecho.
