La vicepresidenta del PPE alerta de que la reforma “acentúa la dependencia del Ministerio Fiscal respecto del Ejecutivo y limita los mecanismos de control ciudadano sobre la acción penal”.
La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha presentado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para que evalúe si la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, se ajusta al Derecho de la Unión Europea y a los valores del Estado de derecho consagrados en los artículos 2 y 19 del Tratado de la UE.
El texto de la pregunta alerta de que la reforma, que atribuye la instrucción penal al Ministerio Fiscal —cuyo fiscal general es nombrado por el Ejecutivo— y limita el ejercicio de la acusación popular, puede comprometer la independencia judicial, la separación de poderes y la tutela judicial efectiva.
Dolors Montserrat subraya que, pese a que la Comisión Europea había recomendado reforzar la independencia judicial y acelerar las reformas contra la corrupción, el Gobierno vuelve a jugar con la Ley a su antojo y ha aprobado una norma que acentúa la dependencia del Ministerio Fiscal respecto del Ejecutivo y restringe los mecanismos de control ciudadano, debilitando la lucha contra la corrupción y el fraude.
En la misma línea, asociaciones judiciales y fiscales han advertido que la transferencia de la instrucción a la Fiscalía, sin garantizar su autonomía real, “supone un riesgo de politización y pérdida de imparcialidad”.
La eurodiputada del PP solicita a la Comisión que determine si la nueva ley es compatible con el acervo comunitario y que interpele cuanto antes al Gobierno de España antes de su entrada en vigor para garantizar el respeto pleno al Estado de derecho, en el marco de la interacción prevista en el último informe llevado a cabo anualmente por el Ejecutivo comunitario.
El Artículo 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE) obliga a los Estados miembros a mantener un poder judicial independiente e imparcial, capaz de garantizar la aplicación del Derecho de la Unión y la tutela judicial efectiva. El TJUE lo ha interpretado extensamente en su jurisprudencia para afirmar que la independencia judicial es parte esencial del Estado de derecho y requisito de pertenencia a la UE.
“La independencia judicial no es un asunto que debe decidir el gobierno, es una exigencia en toda democracia europea. Tenemos que garantizar que ninguna reforma procesal ponga en duda la imparcialidad de los fiscales ni la tutela judicial efectiva que protege a todos los ciudadanos europeos”, manifestó Montserrat.
En este sentido, Dolors Montserrat criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende reformar la justicia para controlarla. “Convertir a los fiscales en investigadores bajo una jerarquía política es dar un paso atrás en independencia judicial y en transparencia democrática. Pero, además, limitar la acusación popular es un grave error porque este sistema, muy usado en España, ha sido clave para destapar grandes casos de corrupción”, añadió.
“Una justicia fuerte e independiente es la mejor garantía contra el abuso de poder. Pero la reforma presentada sólo parece diseñada para debilitar nuestro sistema que está, ahora mismo, en pleno trabajo para desenmascarar varias tramas de corrupción relacionadas con el Gobierno de Pedro Sánchez”, planteó la eurodiputada.
