Bruselas, 28 de enero de 2026
El Partido Popular ha solicitado una evaluación detallada del uso de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) destinados al mantenimiento y modernización de las vías de ferrocarril en España, a la luz de los datos revelados tras los descarrilamientos de Adamuz y Gelida, donde han muerto 46 personas y más de un centenar de personas resultaron heridas.
La vicepresidenta del Grupo PPE Dolors Montserrat y el eurodiputado Borja Giménez Larraz han registrado dos preguntas escritas ante la Comisión Europea en las que solicita un análisis en profundidad de en qué se han destinado los millones de euros que la UE ha invertido en la red ferroviaria española, habida cuenta del colapso que está registrado el sistema.
En la primera pregunta, recuerdan que ADIF es el principal beneficiario del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en España, con más de 5.800 millones de euros recibidos desde 2021, convirtiéndose en el mayor perceptorde fondos Next Generation del país. Sin embargo, los datos conocidos indican que el 84 % del gasto en alta velocidad se ha destinado a nuevas infraestructuras, frente a solo un 16 % dedicado al mantenimiento y conservación de la red existente, pese a que varias de las principales líneas superan ya los veinte años de servicio y soportan hoy un tráfico muy superior al inicialmente previsto.
Este desequilibrio ha desembocado en un aumento significativo de incidencias técnicas, advertencias de profesionales del sector y, recientemente, con una serie de accidentes e incidentes que ya se han cobrado víctimas mortales. Por ello, preguntan a la Comisión cómo valora que la mayor parte de los fondos europeos se concentren en nuevas infraestructuras en lugar de en el mantenimiento, a la luz del envejecimiento de las líneas, los problemas registrados y los accidentes en la red. Asimismo, cuestionan si esta distribución del gasto es coherente con los objetivos del MRR en materia de seguridad, resiliencia y sostenibilidad a largo plazo de las infraestructuras ferroviarias.
CONSECUENCIAS DE LA LIBERIZACIÓN TRANSPORTE FERROVIARIO
En una segunda pregunta, Montserrat y Giménez Larraz abordan el impacto de la liberalización del transporte ferroviario de alta velocidad sobre la infraestructura. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la alta velocidad transportó cerca de 40 millones de pasajeros en 2024, un 22 % más que en 2023 y un 77 % más que en 2019, antes de la apertura del mercado. Este fuerte crecimiento ha incrementado las frecuencias y la circulación de trenes con mayor carga por eje, intensificando la presión sobre una red que, en varios corredores, supera los veinte años de antigüedad.
Ante este contexto, demandan si la Comisión Europea ha evaluado si los hitos y objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia de España garantizan que los fondos del MRR se destinen de forma suficiente al mantenimiento, adaptación y modernización de la red ferroviaria, en coherencia con el fuerte aumento del tráfico. Además, plantean si la Comisión prevé utilizar los mecanismos de condicionalidad del MRR para asegurar que los fondos europeos destinados al ferrocarril contribuyan efectivamente a reforzar la seguridad de la infraestructura y a su adecuación a la nueva realidad de explotación.
A juicio del PP, la seguridad ferroviaria y la sostenibilidad de las infraestructuras deben ser una prioridad en el uso de los fondos europeos, especialmente en un contexto de crecimiento del tráfico y de envejecimiento de la red.
