En el debate de un requerimiento a propuesta del PP, en el Pleno
- El Pleno del Senado da luz verde a un requerimiento – a propuesta del Grupo Parlamentario Popular- para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si existe alguna contradicción entre la Constitución y el Tratado de Amistad y Cooperación con Francia, que permite la asistencia de ministros franceses a las reuniones del Consejo de Ministros del Gobierno de España.
- Los senadores Miquel Jerez y Pepa Pardo denuncian la inseguridad que genera el artículo 2.4 del Tratado – el que permite la asistencia de ministros franceses cada tres meses, por rotación, y viceversa- y remarcan que la Carta Magna recoge claramente que la única persona ajena al Consejo de Ministros que puede asistir a sus reuniones es el Rey.
- Durante su intervención, Miquel Jerez explica que la iniciativa de su Grupo responde a un objetivo “extraordinariamente sencillo”: Utilizar el mecanismo previsto por la propia Constitución cuando existen dudas fundadas sobre la constitucionalidad de un tratado internacional. “Pedimos seguridad jurídica. Pedimos respeto a la Constitución. Pedimos que el máximo intérprete de nuestra Norma Fundamental haga su trabajo”, remarca.
- El senador popular reprocha al Gobierno que, lejos de despejar las dudas modificando el texto del tratado, pretenda que las Cortes lo respalden mediante una interpretación posterior ajena al propio texto. En este sentido, denuncia que el Ejecutivo solicita “un acto de fe” para validar un acuerdo internacional que, a su juicio, genera serias dudas constitucionales
- El portavoz de Constitucional del PP critica la explicación ofrecida por el Gobierno sobre la participación de ministros franceses “en los márgenes del Consejo de Ministros”, al considerar que se trata de un concepto inexistente en la Constitución y carente de cualquier definición jurídica. “La Constitución conoce el Consejo de Ministros; lo que no conoce son sus márgenes”, afirma.
- Jerez acusa al Ejecutivo de intentar “construir una coartada para permanecer en el error”, en lugar de corregir el tratado y remitir a las Cortes un texto plenamente compatible con la Constitución.
- Asimismo, afea la forma de gestionar del Gobierno de Sánchez, que consiste en cuestionar cualquier institución que actúe como contrapeso del poder. “Cuando la Constitución les pone límites, no cambian su decisión; intentan mover los límites”, advierte.
- Para concluir, el senador balear destaca que “el sanchismo no es el destino de España, sino un paréntesis en nuestra vida institucional”, y defiende que la salida pasa por devolver la palabra a los españoles mediante la convocatoria de elecciones.
SÁNCHEZ VENDIÓ A FRANCIA UN TRATADO FAKE
- Por su parte, la portavoz de Justicia, Pepa Pardo, explica que el Ejecutivo “firmó un tratado sabiendo que no podía firmarlo porque vulneraba nuestra Constitución”, al tiempo que critica que hayan intentado resolver esta cuestión mediante un intercambio de notas interpretativas, sin modificar la redacción del tratado. Un asunto que hasta el propio Ejecutivo reconoce con ello que el texto requiere una interpretación por contener deficiencias jurídicas.
- “Si el Gobierno considera necesario interpretar ese precepto es porque está mal hecho y porque genera dudas de constitucionalidad”, afirma.
- La senadora por Pontevedra argumenta que el recurso al Tribunal Constitucional responde exclusivamente a la voluntad de garantizar el respeto al orden constitucional y a la soberanía nacional. “Defender la Constitución y defender la soberanía nacional no es una tropelía”, asegura.
- “Ustedes le vendieron un tratado fake a Francia y firmaron un tratado sabiendo que no podían firmarlo porque vulneraban nuestra Constitución”, incide.
- Igualmente, la dirigente del PP reivindica el papel institucional de la Cámara Alta como garante del Estado de Derecho frente a cualquier actuación que pueda comprometer el marco constitucional. “El Senado es y continuará siendo el guardián de nuestra Constitución y de nuestra soberanía nacional”, subraya.
- Pepa Pardo concluye reclamando al Gobierno que asuma responsabilidades políticas y convoque elecciones generales, asegurando que “España volverá a ocupar el lugar que le corresponde con una política exterior de Estado y no al servicio del sanchismo”.
