En el Congreso de los Diputados
El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados la petición de comparecencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, después de la denuncia pública, y por unanimidad, formulada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en referencia a la falta de recursos de los tribunales y los recortes perpetrados por el Gobierno de Sánchez.
Desde el PP exigen al ministro Bolaños que informe de forma urgente de los motivos por los que el Ministerio de Justicia ha denegado la autorización económica para 62 órganos judiciales de toda España, vitales para desarrollar el trabajo diario de estos tribunales y el acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha anunciado esta petición de comparecencia y ha criticado la “degradación” a la que el Gobierno está llevando a la Justicia. Para el PP es inaceptable este nuevo “choque institucional” provocado por el Gobierno y por su “campaña de acoso y derribo” contra los jueces y tribunales, a quienes ahora también recortan la financiación.
En este sentido, Gamarra se pregunta si esta es la Justicia del siglo XXI que prometía Bolaños con su “ley de ineficiencia” y que solo ha conseguido aumentar la burocracia y colapsar los tribunales: frente al eslogan de Bolaños, ahora hay menos jueces, más colapso en los tribunales y más perjuicio a los ciudadanos.
UN COLAPSO QUE YA ESTÁ TENIENDO CONSECUENCIAS
La falta de financiación y de planificación ante la Ley de Eficiencia Judicial de Bolaños ya está teniendo consecuencias en apenas año y medio de andadura. De hecho, en comunidades autónomas como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana, los tribunales superiores están alertando del colapso que la ley está provocando con cientos de vacantes judiciales sin cubrir y una bolsa de sustitutos que está agotada. Una situación que ahora se agrava con la retirada de los refuerzos que el CGPJ y los respectivos tribunales superiores de justicia han considerado esenciales, y que también va a afectar a la Audiencia Nacional.
Una vez más se comprueba que el relato de Bolaños no es más que pura ensoñación porque la realidad es que ahora hay menos jueces y más recorte, colapso e impedimentos para acceder a la Justicia por parte de los ciudadanos.
Las asociaciones judiciales también están levantando la voz de alarma de forma reiterada ante la falta de recursos humanos y materiales de los órganos judiciales, sobre todo debido al incremento constante de la litigiosidad, la falta de financiación y las nuevas medidas de la Ley Bolaños, que ralentiza el proceso creando burocracia.
Un ejemplo de todo ello es el de las demandas de divorcio pendientes de resolución, que se estima que ya superan las 17.000. Una cifra que refleja el caos judicial que ha creado el Gobierno con su legislación y que está provocando un perjuicio para decenas de miles de familias, que ven paralizados procedimientos que pueden afectar a cuestiones tan importantes como la custodia de menores.
Este cuello de botella viene provocado por la obligatoriedad de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), la medida estrella del Gobierno que no ha sido eficiente porque, en lugar de resolver ligios en pactos, ha provocado la suma de un paso más a los ligios, alargando el procedimiento y aumentando la necesidad de recursos humanos y materiales para resolverlos.
En este sentido, Gamarra ha reclamado al ministro Bolaños que revierta cuanto antes la “nefasta decisión” adoptada mediante la Resolución de 29 de junio, que dejará sin efecto el esfuerzo de resolución de miles de asuntos pendientes relacionados con litigios sobre cláusulas abusivas, usura y control de las normas de los MASC, perjudicando a los más vulnerables.
