El Partido Popular ha registrado una batería de 45 enmiendas al proyecto de ley de Discapacidad y Dependencia que se analizará esta mañana el Senado en la ponencia que estudia la reforma de esta norma con el objetivo de mejorar una ley del Gobierno que presenta “serios déficits”, según ha destacado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez.
De hecho, la dirigente del PP denuncia que el proyecto del Gobierno ni siquiera cuenta con una memoria económica que garantice la financiación de los nuevos servicios y que ha nacido sin consenso con las comunidades autónomas, quienes después tendrán que ofrecer el servicio y a quienes el Gobierno central les debe 20.000 millones de euros solo en discapacidad y dependencia. “Nuevos servicios sin presupuestos solo pueden generar frustración”, advierte Fúnez
Entre las principales propuestas registradas en la Cámara Alta por parte del PP destacan la incorporación íntegra de su Ley CUME, impulsada hace unas semanas por el partido para reforzar la protección de las familias con hijos con cáncer o enfermedades graves.
Entre las novedades está que la prestación o el permiso por cuidado de hijos e hijas con cáncer o enfermedad grave se mantengan más allá de los 26 años cuando persista la misma situación y necesidades, una petición histórica de estas familias.
Además, entre sus enmiendas al proyecto de ley de Discapacidad y Dependencia, el PP aboga por garantizar la libertad de elección de las personas dependientes para que puedan optar entre una prestación económica o un servicio; priorizar el acceso a las ayudas en función de la vulnerabilidad económica; reforzar la protección de las personas con discapacidad frente a los riesgos de la inteligencia artificial; regular de forma completa la figura del facilitador procesal para garantizar el acceso efectivo a la Justicia; impulsar medidas de apoyo al empleo de las personas con discapacidad; favorecer al tercer sector en el medio rural; mejorar la accesibilidad con baños adaptados para personas con ostomía en las infraestructuras de transporte y reconocer expresamente la sordoceguera como discapacidad específica.
LA VORACIDAD FISCAL DEL GOBIERNO
El PP denuncia que el Gobierno pretenda vetar las enmiendas encaminadas a garantizar las mismas rebajas fiscales a igual grado de dependencia y discapacidad, algo que el Ejecutivo recorta en su proyecto.
Además, la formación liderada por Feijóo también ha propuesto en el Senado que las obras por adaptación de edificios comunitarios y viviendas para personas con discapacidad cuenten con un IVA reducido del 4%, una cuestión a la que el Gobierno también se ha negado a debatirla siquiera con el pretexto de que supondrían 4 millones de euros en las arcas públicas.
GARANTIZAR QUE EL ESTADO FINANCIE EL 50% DEL GASTO
Dentro de estos cambios propuestos en el proyecto de Ley de Discapacidad y Dependencia, el PP también quiere garantizar que el Gobierno central se haga cargo del 50% del gasto en estas materias que tenga cada una de las comunidades autónomas.
“Lo propuesto por el Ejecutivo es otra triquiñuela”, advierte la vicesecretaria Carmen Fúnez, apuntando a que, con la redacción mantenida por PSOE y Sumar podría darse la circunstancia de que el Gobierno pagase el 70% a una autonomía y solo el 30% a otra, con lo que cumpliría con el 50% del total.
En este sentido, el modelo que defiende el Partido Popular es “el mismo que Sánchez sí ha firmado con el País Vasco”, afirma Fúnez, recordando que, según ese pacto alcanzado con el PNV, Sánchez se ha comprometido a pagar
la mitad de la factura de todo lo que cuestan los servicios para personas con discapacidad o en situación de dependencia de Euskadi.
DEFENSA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
En esta batería de enmiendas, el PP también propone ampliar hasta, al menos, los 21 años la escolarización en centros de educación especial, garantizar el derecho de las familias a elegir el modelo educativo de sus hijos y derogar la disposición de la LOMLOE que establece la prevalencia de la escolarización inclusiva en centros ordinarios frente a la educación especial.
Con este conjunto de enmiendas, el Partido Popular presenta una alternativa que refuerza la protección de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, mejora la atención a las familias, garantiza una financiación responsable del sistema y apuesta por un modelo basado en la libertad de elección, la seguridad jurídica y la igualdad de oportunidades.
