En una entrevista en Telecinco
- El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que Sánchez está acorralado por sus “propias miserias” de corrupción de su partido, de su gobierno y de su familia y debería asumir responsabilidades y convocar elecciones
- Califica de “lamentable” ver a un fiscal general del Estado sentado en el banquillo, acusado de delitos, cuando tendría él que perseguirlos: “Creo que es una imagen que en una democracia moderna y madura no se puede producir”
- Explica que Álvaro García Ortiz ha destruido pruebas borrando los datos de su móvil y está siendo investigado por utilizar y revelar datos de un particular para causar daño político. “Posiblemente fue instigado desde el Palacio de la Moncloa”, continúa
- “Sánchez ha tratado de colonizar todas las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de su partido y la Fiscalía es el ejemplo más grotesco”, dice
- Sobre el nuevo informe de la UCO y las revelaciones sobre la relación del ministro Ángel Víctor Torres con la trama de Ábalos, Koldo y Aldama, subraya que tenemos un Gobierno “podrido”, pero Sánchez se atrinchera en el poder porque necesita los resortes del Estado para defenderse de las causas judiciales.
- Sostiene que Ángel Víctor Torres debería haber dimitido ya y advierte de que ha mentido en la Comisión de Investigación del Senado y ello tiene repercusiones penales. “Es una vergüenza para España, para el PSOE y para el Gobierno”
- Aboga por continuar la legislatura en la Comunidad Valenciana ya que existe una mayoría que puede garantizar la gobernabilidad, hay presupuestos “y un gobierno que gobierna”, para luego añadir que “creo que el PP y Vox harán un ejercicio de altura de miras y resolverán esta situación”
- Respeta la decisión de Mazón de hacer pública ayer su dimisión porque “si para pautar una comparecencia de un presidente autonómico hubiese que atender a la agenda judicial de este Gobierno, no habría días disponibles para comparecer”
- Contrapone la labor realizada por el Gobierno valenciano tras la dana, donde ya se ha resuelto el 60 % de las ayudas solicitadas por las víctimas y las familias de los afectados, frente al Gobierno de Sánchez que solo ha concedido el 17 %.
