En la Comisión de Investigación por el caso Koldo-Ábalos-PSOE, en la comparecencia del presidente de Forestalia, Fernando Samper
- La portavoz adjunta del GPP, Rocío Dívar, evidencia que tanto en Aragón, en el INAGA, como en el Ministerio de Transición Ecológica, dos administraciones distintas del mismo color político, los hechos describen un “patrón sistemático de procedimientos trucados, presiones sobre funcionarios, favores cruzados y de contraprestaciones económicas”.
- Alerta de que la forma en la que se pagan esos favores pone en evidencia que “estamos viendo un nivel de sofisticación que demuestra planificación, ocultación y continuidad: compraventas de sociedades, entramados interpuestos, operaciones que no se elevan a público. Todo diseñado para que no se vea y, sobre todo, para que no se pueda seguir el rastro”.
- Dívar lamenta que Samper “no haya respondido a las cuestiones planteadas, por lo que “hemos perdido la oportunidad de aclarar muchas cosas”, ya que los hechos tratados hoy en la Comisión de investigación “no describen simples errores ni irregularidades, sino un auténtico secuestro de la Administración pública al servicio de una empresa”.
- Señala que el caso Forestalia tiene una “evidente dimensión política”, porque afecta a la tramitación de proyectos de renovables “durante los años de mayor expansión del sector, bajo el Gobierno de Sánchez”.
- La atención se centra en el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera entre los años 2018 y 2024, de lo que “todavía no se ha pronunciado sobre estos hechos tan graves ocurridos bajo su mandato”, añade la senadora aragonesa.
- Explica que el foco también se sitúa en la vicepresidenta Sara Aagesen, y no sólo por la detención de Eugenio Domínguez, quien fuera subdirector General de Evaluación y Calidad Ambiental, sino porque su superior directa, la directora General Marta Gómez Palenque, era quien firmaba las autorizaciones, y que continúa hoy en su puesto.
CLÚSTER DEL MAESTRAZGO, EL INAGA y EUGENIO DOMÍNGUEZ
- Expone que Forestalia centró su expansión en Aragón, fundamentalmente en Teruel, donde se impulsó el Clúster del Maestrazgo; y la investigación judicial analiza si la tramitación de este proyecto “fue irregular, y si pudieron intervenir tanto responsables políticos, como administrativos autonómicos y de la Administración General del Estado, para beneficiar a Forestalia”.
- En diciembre de 2022, más de la mitad de los proyectos eólicos en tramitación en Aragón correspondían a fragmentaciones de Forestalia: “¿No le generó esto ninguna alerta interna sobre la legalidad del procedimiento?”, pregunta al compareciente sin obtener respuesta.
- Rocío Dívar recalca que la investigación apunta que Forestalia “no solo obtuvo resoluciones favorables, sino que habría contado con un trato administrativo excepcional dentro del INAGA”; es decir “cuando los criterios técnicos estorbaban, se cambiaba el técnico, se devolvía el informe o se alteraba el procedimiento” y en centro ese fraccionamiento aparece el entonces director del INAGA, el veterinario y ex teniente alcalde del PSOE en Barbastro, Jesús Lobera.
- La senadora alerta de que, si lo ocurrido en Aragón ya era “suficientemente grave”, la investigación sostiene que algo muy parecido se reprodujo también en el Ministerio de Transición Ecológica y la sospecha es que se “habría creado una tramitación paralela, una auténtica ‘caja negra administrativa’ para controlar los expedientes de Forestalia fuera de los cauces normales. Todo ello, durante el periodo de Ribera como ministra”.
- Alerta de que, tal y como apunta la investigación judicial, con una forma de actuar sorprendentemente parecida a la del INAGA, el subdirector General Eugenio Dominguez se autoasignaba proyectos de Forestalia creando un sistema de tramitación paralelo. “¿Usted conocía que todos los expedientes de Forestalia los tramitaba a una única persona?”, pregunta la senadora a lo que tampoco obtiene respuesta.
LOS HERMANOS PÉREZ ÁGUEDA, CALIOPE Y ANTXON ALONSO
- Dívar denuncia que, según la investigación, aparecen además sociedades como Caliope y Babieca y los hermanos Pérez Águeda, a quienes los investigadores sitúan como “posibles intermediarios o testaferros dentro de un entramado diseñado para dificultar el seguimiento del dinero y de la titularidad real”.
- “¿Puede explicarnos la función que desempeñaba la sociedad CALIOPE dentro del entramado societario de Forestalia? ¿Cómo explica usted que el funcionario responsable de tramitar sus expedientes acabara teniendo participaciones en una sociedad vinculada a Forestalia?”, pregunta Dívar a lo que tampoco obtiene respuesta del compareciente.
- Eduardo Pérez Águeda creó una filial de Caliope llamada Next Generation Caliope Innova el 8 de abril de 2022. Un mes más tarde (el 17 de mayo de 2022) el 99,9% de las participaciones de esta sociedad fueron adquiridas por otra persona: Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán. “¿Cuál era la relación de Forestalia con Next Generation Caliope Innova?”, pregunta sin obtener respuesta.
SUBVENCIÓN DE 17 MILLONES DE EUROS A FORESTALIA Y LA FAMILIA SUMELZO
- “¿Solicitó Forestalia una subvención de 17 millones de euros a SEDIPES, la Sociedad Estatal de Promoción Industrial dependiente de la SEPI?
- ¿Tuvo Forestalia algún contacto con Vicente Fernández, expresidente de la SEPI?”, pregunta Dívar al compareciente en relación a las informaciones que apuntan a la concesión de esa subvención, cuestión a la que el compareciente tampoco ha respondido.
- “¿Cuál es la relación de Forestalia con la familia Sumelzo? ¿Qué vincula a Juan José Sumelzo, hermano de la secretaria de Estado Susana Sumelzo, con las sociedades de su grupo? ¿Por qué a partir de 2019 la familia Sumelzo comenzó a traspasar a Forestalia proyectos en los que hasta ese momento participaban?”, pregunta Dívar, a lo que tampoco respuesta.
- “¿Tiene sentido empresarial el tránsito inverso que también se documenta, en el que participaciones del grupo Forestalia pasaban temporalmente al entorno Sumelzo para retornar después a Forestalia?”, vuelve a preguntar.
