En el Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) no se va a quedar de brazos cruzados tras la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía y por eso ha lanzado una ofensiva parlamentaria con el objetivo de pedir el cese del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y aclarar por qué el Gobierno mantuvo a José Ángel González en su puesto a pesar de la denuncia que pesaba sobre él por agresión sexual a una subordinada desde hace un mes.
En concreto, el GPP quiere exigir explicaciones al ministro, cuya comparecencia en la comisión de Interior se ha registrado esta misma mañana después de que la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, exigiera su dimisión durante la sesión de control.
También se han registrado las comparecencias del director general de la Policía Nacional y de la subdirectora de Recursos Humanos y Formación del Cuerpo, la encargada de tramitar la baja de la víctima el pasado mes de julio y a la que el GPP cuestionará sobre las comunicaciones que llevó a cabo -o no- con sus superiores jerárquicos y si activó los mecanismos de protocolo internos para la protección de la mujer agredida.
En la proposición no de ley (PNL) registrada, que se debatirá en el pleno y también en la comisión de Interior, el GPP insta al Gobierno a cesar a Grande-Marlaska por “su actuación y falta de control ante delitos de agresión sexual, coacciones y malversación de fondos públicos”, así como a acordar la suspensión cautelar de todos los mandos afectados para que “no puedan influir en la investigación ni en la situación profesional de la víctima”.
Dentro de la gravedad de los hechos, hay un aspecto especialmente sangrante como es el supuesto intento de diversos mandos policiales para presionar a la víctima y tratar de encubrir los delitos dentro de la estructura del ministerio del Interior.
Por todo ello, el GPP ha registrado dos baterías de preguntas dirigidas al Gobierno para conocer, entre otras cosas, desde qué fecha concreta tuvo conocimiento el ministerio del Interior de los hechos presuntamente delictivos o qué otros mandos policiales supieron lo ocurrido y no hicieron nada para proteger a la víctima.
Además, el GPP se interesa por la revisión de medallas y condecoraciones al comisario Óscar San Juan, que presuntamente habría intentado coaccionar a la víctima, y al exDAO y cuestiona el uso de medios públicos con fines delictivos.
“Ante la gravedad de los hechos, el tiempo transcurrido, el presunto encubrimiento y la utilización de los medios del Estado, ¿piensa el ministro del Interior asumir alguna responsabilidad política”, señala el GPP en una de las quince preguntas dirigidas al Ejecutivo.
El Grupo Popular también requiere explicaciones al ministerio de Igualdad y sus competencias de “supervisión, evaluación o seguimiento de los protocolos de prevención, detección y actuación frente al acoso sexual en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Pregunta el GPP si “existen canales de comunicación institucional para asegurar que las víctimas pertenecientes a cuerpos jerarquizados reciban atención integral especializada” o “si ha ofrecido el ministerio asistencia o acompañamiento a la presunta víctima a través de sus recursos”.
En total, tres comparecencias, 35 preguntas y una PNL con las que el GPP quiere aclarar aspectos que aún necesitan de explicación para depurar las posibles responsabilidades y proteger a las futuras víctimas.
