Tras conocer la resolución de la Junta Electoral Central
La decisión que acaba de hacer pública la Junta Electoral Central demuestra que el Partido Popular tenía razón al reclamar mayores garantías en la aplicación de la llamada Ley de Nietos. El PP valora que el máximo órgano de la Administración Electoral haya decidido extremar la vigilancia sobre un asunto de esta trascendencia.
“Es una buena noticia porque no estamos hablando de una cuestión menor, sino de un proceso que puede afectar a más de dos millones y medio de solicitudes de nacionalidad y, en consecuencia, a la composición del censo electoral en el exterior”, destaca la formación.
El pronunciamiento de la JEC acredita que existen dudas relevantes sobre la correcta aplicación de los criterios de adscripción al censo electoral en el exterior, que deben basarse en reglas “objetivas, homogéneas, suficientemente acreditadas y susceptibles de una aplicación uniforme por todas las oficinas consulares” (términos usados por la propia JEC en su resolución de hoy).
La Junta exige información adicional y que se elaboren unas nuevas instrucciones para garantizar la objetividad, homogeneidad y transparencia del procedimiento.
Elementos, que como ha denunciado el Partido Popular, no se vienen cumpliendo. Después de esta resolución, “el Gobierno ya no puede seguir ignorando las dudas existentes”.
El Partido Popular mantiene que la instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública excede los límites de la legislación vigente; y asegura que esta resolución evidencia la necesidad de reforzar las garantías que deben presidir tanto los procedimientos de nacionalización como la elaboración del censo electoral.
Por ello, solicita que no se produzcan nuevas incorporaciones al censo derivadas de esta instrucción sin que antes se hayan implantado plenamente los criterios y garantías exigidos por la Junta Electoral Central.
Asimismo, reitera la necesidad urgente de la revisión de oficio de la totalidad de la instrucción por su nulidad, para garantizar su plena adecuación al ordenamiento jurídico, y reclama la publicación desglosada de las altas producidas por esta vía, como elemento indispensable de transparencia y control público.
“Un asunto de esta importancia nunca debió llegar a este punto. Ahora corresponde al Gobierno actuar con responsabilidad y devolver la confianza a todos los españoles, tanto a quienes residen en nuestro país como a quienes viven en el exterior”, argumenta.
La Junta Electoral Central ha marcado el camino reforzando las garantías del sistema electoral. El Gobierno debe seguirlo, salvo que también pretenda cuestionar el criterio del máximo órgano de la Administración Electoral, integrado por magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos de reconocido prestigio.
El censo es el corazón de la democracia y, por tanto, no puede ser regulado sin control ni garantías, controles y garantías que son los que hoy la Junta Electoral Central ha obligado a adoptar.
