El Partido Popular ha registrado en el Congreso una Proposición de Ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de que sea el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien seleccione a los candidatos nacionales a formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de otros órganos jurídicos internacionales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General de la UE, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, el Tribunal Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia.
En la iniciativa, el PP plantea un plazo de tres meses para que el CGPJ apruebe un procedimiento para garantizar que las designaciones referidas se formalicen siguiendo los criterios de transparencia, publicidad, mérito y capacidad, a los que obligan tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el resto de la normativa aprobada por el Consejo de Europa y el Tratado de la Unión Europea.
El registro de esta reforma de la Ley del Poder Judicial llega después de que el Gobierno esté incumpliendo las líneas maestras del Consejo de Europa para la selección de candidatos a ser juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Unas líneas que indican que el órgano encargado de recomendar candidatos debe tener una composición equilibrada, mientras que, en el caso español, y gracias al Real Decreto aprobado en 2020 por el Ejecutivo de Sánchez, este organismo concede el monopolio al Ejecutivo en las designaciones, puesto que la mayoría absoluta de los miembros que lo componen han sido nombrados por Moncloa y forman parte del Gobierno.
“Este procedimiento no respeta las Líneas Maestras del Consejo de Europa, sigue la dirección contraria a la que han previsto ya muchos otros países y está al margen de los estándares y requisitos de independencia que se exigen tanto por parte del Consejo de Europa como de la Unión Europea”, advierte el PP en una iniciativa en la que plantea la necesidad de la reforma “para que no sea el Gobierno, el Poder Ejecutivo, quien seleccione jueces, sino que sea el propio Poder Judicial, a través del CGPJ, el responsable del proceso y con ello garantizar la no interferencia del poder ejecutivo en el judicial y los riesgos de control frente a la necesaria e irrenunciable independencia que debe blindarse”. Además, denuncia que el plazo otorgado para la solicitud de candidaturas ha sido de solo diez días: extremadamente corto” y muy inferior al que se dio en 2017, cuando sí fue acorde a los estándares fijados por el Consejo de Europa.
QUE LOS JUECES ELIJAN A LOS JUECES
Esta reforma de la Ley del Poder Judicial viene a redundar en la defensa que el Partido Popular realiza de la independencia del Poder Judicial y, con ello, de que sean los jueces quienes elijan a los jueces, tanto a nivel nacional para la elección de los vocales judiciales del CGPJ como que sean quienes seleccionen a los jueces a nivel internacional en este tipo de órganos.
“Somos coherentes y queremos más garantías de independencia del Poder Judicial. Queremos que el Poder Judicial seleccione a los jueces, que los jueces, y no los políticos, seleccionen a los jueces, tanto en España como en los tribunales internacionales, porque solo así podremos avanzar en la independencia real y efectiva de la Justicia y ofrecer la imagen de imparcialidad que necesitan los ciudadanos para confiar en el sistema. ¿Qué objetivo tiene no hacerlo y que el Gobierno controle el órgano de selección? Evidentemente interferir desde el Poder Ejecutivo en la selección de jueces, alejándonos de las garantías de independencia exigibles en una democracia. Y son conocidas las tentaciones y obsesiones del sanchismo de controlar la Justicia”, ha defendido la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.
Ya en octubre del año 2025, el PP registró una Proposición de Ley para reformar la Ley del Poder Judicial en este sentido, defendiendo que, de los veinte vocales del CGPJ, doce sean jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial y elegidos por sus pares en unas elecciones mediante voto personal, libre, igual, directo y secreto, en una única circunscripción para todo el territorio nacional y mediante lista abierta.
El PP propuso esta reforma para cumplir tanto lo acordado con el Gobierno de Sánchez ante la renovación del CGPJ de 2024, como con las exigencias del Informe GRECO y del Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia.
