Tras registrar una batería de preguntas escritas
El Grupo Parlamentario Popular exige al Gobierno “explicaciones claras y asumir responsabilidades” ante la presunta trama de corrupción del caso Forestalia por posibles irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables vinculados a la empresa Forestalia dentro del Ministerio para la Transición Ecológica.
Lo hace a través de una batería de preguntas escritas para ser contestadas por el Gobierno, firmadas por la portavoz del GPP; Alicia García, y los senadores Rocío Dívar, Javier Márquez y Eloy Suárez.
El GPP se suma así a la ofensiva iniciada por el Partido Popular tanto en el Congreso, como en la Comisión Europea, ante los indicios que señalan directamente a la exministra Teresa Ribera, actual comisaria europea y vicepresidenta ejecutiva para una Transición justa, en el órgano comunitario.
El PP recuerda que saltaron todas las alarmas tras la detención de que fuera subdirector general de Evaluación Ambiental, Eugenio Domínguez Collado, en los años en los que Ribera era ministra del Gobierno, después asesor de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, con la actual vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, al frente.
“Hablamos de una investigación judicial relacionada con la presunta percepción de contraprestaciones económicas a cambio de favorecer la tramitación de proyectos de energías renovables en Huesca, con Teresa Ribera y Sara Aagensen como responsables políticas y, cómo no, vuelven a aparecer los nombres de Santos Cerdán y Koldo”, denuncian desde Grupo Parlamentario.
La batería de preguntas registradas por el GPP busca “aclarar si se produjeron presiones, irregularidades administrativas o fallos en los mecanismos de control”en la evaluación ambiental de estos proyectos, “así como depurar responsabilidades políticas si se confirma que se pudo favorecer a determinados intereses privados”, explican.
El requerimiento de información se estructura en siete bloques, que abarcan desde la situación administrativa y laboral de Eugenio Domínguez – como subdirector general y como asesor en la Secretaría de Estado de Transición Ecológica- hasta los posibles vínculos empresariales, posibles intermediarios, y la externalización de expedientes a Tragsa; la intervención de la UCO y el papel del Ministerio.
El PP exige que el Gobierno informe de cuándo y por qué cesó una persona de la máxima confianza de Ribera, quién decidió su posterior nombramiento como asesor, pero sobre todo de quién recibía órdenes, las reuniones que mantuvo y cómo centralizó la supervisión y tramitación de expedientes vinculado a Forestalia, entre otros asuntos.
Desde el Grupo con mayoría parlamentaria en el Senado denuncian que este modus operandi presuntamente permitió acelerar o facilitar la aprobación de 52 proyectos renovables del Clúster del Maestrazgo y cuestionan que “en el Ministerio no se supiese nada ¿ni Ribera ni Aagesen sabían nada? Es imposible”, recalcan.
Advierten que, de confirmarse las sospechas, “estaríamos ante un caso extremadamente grave que afectaría a la credibilidad de los procedimientos de evaluación ambiental y a la transparencia en la gestión de proyectos estratégicos para el país” y, por ello, reclaman “respuestas claras y que se asuman las responsabilidades políticas por esta nueva trama de corrupción, que apunta directamente al PSOE y a los gobiernos de Sánchez”.
