Preocupación en Bruselas por las consecuencias de los nuevos casos
La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha solicitado formalmente a la Comisión Europea, que examine si las recientes investigaciones judiciales y policiales, que han llevado a detenciones en SEPI y Plus Ultra por presunta malversación, podrían derivar en que hubo ayudas de Estado encubiertas y en si el Gobierno de España incumplió sus obligaciones de prevención del fraude y la corrupción.
“Lo que estamos viendo en España empieza a parecerse al Upside Down de Stranger Things: un inframundo institucional donde todo lo que debería estar al servicio de los ciudadanos aparece oscuro, manipulado y relacionado para los más oscuros fines. Sánchez ha convertido las instituciones públicas en un cortijo, un sistema paralelo donde las sombras, reinan. Las investigaciones judiciales ya apuntan a prácticas gravísimas, a redes de influencias y a decisiones que no deberían haberse tomado jamás en un Estado de Derecho”, indicó Montserrat.
En este sentido, indicó que estamos ante detenciones que afectan a organismos clave de la Administración y a una empresa que recibió 53 millones de euros en ayudas públicas. “Por eso Bruselas debe intervenir y comprobar si todas las normas europeas se han respetado. La gravedad de los hechos exige una respuesta rigurosa, porque cuando las instituciones empiezan a parecerse demasiado al mundo del revés, es la democracia la que está en riesgo”, añadió.
En sendas preguntas registradas ante la Comisión Europea, Montserrat se refiere, en primer lugar, a la operación que ha llevado a la detención del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntos delitos de fraude,malversación, tráfico de influencias y prevaricación. En el foco de la justicia están las cuentas de SEPI, SEPIDES, Enusa y Mercasa, entidades públicas con capacidad para intervenir en programas de apoyo empresarial.
Ante estos hechos, la dirigente popular pregunta a la Comisión si solicitará información a las autoridades españolas para determinar si las actividades investigadas pudieron generar ventajas económicas selectivas o encubiertas en favor de determinadas empresas, en posible vulneración de los artículos 107 y 108 del TFUE. Asimismo, pide aclarar si los hechos indican incumplimientos del Gobierno de España en materia de prevención del fraude, la corrupción y la protección del presupuesto comunitario.
En una segunda pregunta, Montserrat se centra en la aerolínea Plus Ultra, beneficiaria de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Tras la detención de su presidente y de su CEO en una investigación por presunto blanqueo de capitales, la eurodiputada reclama a la Comisión que evalúe si estas nuevas circunstancias justifican una verificación a posteriori de la compatibilidad de la ayuda con las normas europeas sobre ayudas de Estado.
En este sentido, Montserrat subrayó que ante el tsunami de corrupción que está apareciendo en el gobierno socialista, “la Comisión tiene el deber de garantizar de verificar el uso de los recursos públicos para conceder ventajas irregulares, opacas o contrarias a la competencia, y de asegurar que los mecanismos de control funcionan sin interferencias políticas”.
