Ante las alarmantes informaciones sobre su mantenimiento
El PP ha desarrollado un plan de emergencia completo para garantizar la seguridad y la explotación responsable y efectiva de las presas españolas, ante las alarmantes informaciones sobre su conservación y mantenimiento y la falta de planes de emergencia implantados o actualizados en el 75% de los embalses. “La seguridad hidráulica no es una cuestión ideológica ni secundaria, es una política de Estado vinculada directamente a la protección de vidas humanas, la estabilidad económica y la resiliencia frente a fenómenos extremos”, argumenta el informe elaborado por la vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible del PP.
El ambicioso plan del PP parte de una auditoría técnica exhaustiva de todas las presas estatales, que comience por las más antiguas o donde se hayan descubierto deficiencias estructurales, con el objetivo de priorizar las inversiones según el riesgo que presente la infraestructura. El plan contempla una inversión de entre 400 y 500 millones de euros vinculados a un programa presupuestario específico para esta actuación, un programa extraordinario de
4.000 millones de euros –actuaciones en barrancos incluidas– para las cuencas mediterráneas y hasta 100.000 millones de euros para las políticas hidráulicas hasta el 2035.
“España arrastra un déficit en sus infraestructuras hídricas, lo que pone de manifiesto que, con las políticas actuales, la seguridad de los españoles no está garantizada”, advierte el informe, que calcula que “solo las inundaciones provocan en España una media de 800 millones de euros anuales en daños”.
Mañana lunes, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal, y su equipo mantendrán una reunión con las principales asociaciones de ingenieros y asociaciones vinculadas con las presas españolas para presentarle el plan y conocer de primera mano su opinión sobre el estado del parque.
“La escasa ejecución presupuestaria, la infrautilización de los instrumentos financieros europeos y la falta de planificación estructural reflejan una política hídrica debilitada institucionalmente en la que la seguridad de las presas no ha ocupado la importancia necesaria”, destaca Nadal.
El informe evalúa a partir de todas las fuentes existentes una certera aproximación al estado de conservación de los embalses y presas y recopila las propuestas para paliar el déficit acumulado de mantenimiento. También señala que la situación actual es consecuencia de un déficit prolongado de inversión en mantenimiento y conservación, que el estándar técnico recomendado sitúa en el 1 o 2 por ciento del valor patrimonial –25.000 millones de euros.
La inversión anual media en conservación y seguridad en el periodo 2023-2025 apenas alcanza los 80 millones de euros frente a entre 250 y 500 millones de euros que los expertos consideran necesarios. Algunas fuentes cifran ya la inversión que habrá que acometer debido a las necesidades acumuladas de alrededor de 5.000 millones de euros hasta 2033.
Por lo que respecta al capital humano vinculado a las presas en las diferentes Confederaciones Hidrográficas su situación es igualmente crítica, dado que el último Plan Estratégico de Recursos Humanos contemplaba la incorporación de 381 efectivos y el balance posterior refleja una pérdida neta de 250 puestos.
El marco normativo en materia de aguas exige estándares técnicos rigurosos, planes de emergencia y sistemas de auscultación adecuados. Sin embargo, la realidad actual evidencia un desfase acumulado entre las exigencias normativas y los recursos materiales, humanos y presupuestarios disponibles.
El Partido Popular entiende que la ley de Aguas debe recoger adecuadamente los principios que deben regir una política de gestión del agua y sus infraestructuras, incorporando la prevención, la protección y la preparación frente a los riesgos naturales de inundación y sequía.
En este sentido, el informe asegura que la política hidráulica debe sustentarse en tres pilares claros:
España dispone de uno de los parques de presas más extensos y estratégicos de Europa y del mundo. Según el Inventario Nacional de Presas y Embalses (INP), existen más de 2.400 presas en territorio nacional –375 de titularidad estatal– de las cuales más de 1.000 son grandes presas, regulando más de
2.300 embalses y CON una capacidad superior a 61.000 hm³. Estas infraestructuras constituyen un elemento esencial del sistema hídrico nacional al garantizar abastecimiento urbano, riego, generación hidroeléctrica, laminación de avenidas y protección frente a inundaciones. El valor patrimonial estimado del conjunto de presas en España asciende a aproximadamente
25.000 millones de euros y la actividad económica que generan supera ampliamente los 35.000 millones de euros anuales.