Los ayuntamientos del PP exigen a Sánchez la reforma “urgente” del sistema de financiación local y poder derogar la obligatoriedad del “tasazo” de basuras

03 ENE, 2026
  • Los ayuntamientos del PP denuncian que la situación financiera de los municipios se encuentra en una grave “parálisis”, motivada por la ausencia de presupuestos desde la pasada legislatura, y exigen una reforma “urgente” del sistema de financiación local, que deberá abordarse en paralelo al nuevo modelo de financiación autonómica
  • “No aceptaremos que los ayuntamientos sigan siendo la administración olvidada”, señalan los alcaldes del PP tras las reuniones que han mantenido durante las últimas semanas
  • Acusan a Sánchez de convertir la gestión municipal en una “carrera de obstáculos”, imponiendo cargas sin financiación, bloqueando el uso de los remanentes y posponiendo el encuentro de la Comisión Nacional de Administración Local
  • “Desde 2023, España no cuenta con Presupuestos Generales actualizados, lo que impide a las entidades locales conocer los parámetros básicos para elaborar sus cuentas”, denuncian
  • Reclaman la convocatoria “inmediata” de la Comisión Nacional de Administración Local para abordar la reforma de la financiación autonómica y local: “Las ciudades necesitan planificación y previsión, no improvisación ni silencio administrativo por parte del Estado”
  • Reprochan al Gobierno de Sánchez que haya impuesto a los ayuntamientos repercutir íntegramente el “tasazo” de basura a los ciudadanos. “Esta decisión es injusta para los vecinos y ha vulnerado la autonomía fiscal de los ayuntamientos”, condenan
  • Defienden “la plena autonomía fiscal de los ayuntamientos” y, por ello, exigen una modificación legislativa para derogar la obligatoriedad de la tasa de basuras: “Reclamaremos una reforma que devuelva a los ayuntamientos la potestad de financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos, según su propio criterio y situación económica, sin castigar a los vecinos con nuevas cargas impuestas desde Moncloa”
  • Se comprometen a aplicar en sus ayuntamientos una “presión fiscal baja” para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y la financiación de unos servicios públicos de calidad
  • Abogan por poder invertir los remanentes municipales, propiciados por sus ahorros, en proyectos de inversión productiva y sostenible o en la construcción y promoción de vivienda