En una reunión con las asociaciones de ingenieros y presas de España
El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, ha mantenido una reunión con las asociaciones de ingenieros y presas de España para analizar la alarmante situación de su mantenimiento y presentarles el plan de emergencia del PP.
En la reunión, en la que también han estado presentes César Sánchez y Joaquín Melgarejo, portavoces de Cambio Climático y Medio Ambiente, respectivamente, han analizado los datos de conservación de las presas y el acumulado de falta de inversión que sitúa el estado del mantenimiento en una situación alarmante. Algunos análisis sitúan el déficit acumulado actual ya en 5.000 millones de euros. El estándar técnico recomendado sitúa en el 1 o 2 por ciento del valor patrimonial –cifrado en 25.000 millones de euros– lo que situaría la inversión anual entre 250 y 500 millones de euros.
Por parte de las asociaciones, han estado presentes Jesús Contreras, de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, Paco Flores, vicepresidente de la Sociedad Española de Presas y Embalses (SEPREM), Imanol García Sendón, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (AICAPE), Jose Trigueros, funcionario del CEDEX, exdirector General de Costas y presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales Puertos y de la Ingeniería Civil, Ramiro Aurin ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y miembro del Comité Ejecutivo de OSUR (Observatorio de los Servicios Urbanos.
PLAN PRIORITARIO
Alberto Nadal ha explicado que el PP considera prioritario este plan de restauración y lo ha vinculado directamente a la seguridad que “no es una cuestión ideológica ni secundaria, es una política de Estado”.
En este sentido, ha explicado que el plan prevé un apartado presupuestario específico para presas de titularidad estatal con una inversión de 500 millones de euros; un programa extraordinario para las cuencas mediterráneas de 4.000 millones de euros y una inversión acumulada hasta 2035 de 100.000 millones de euros en políticas hídricas.
Otro de los asuntos que han valorado es la necesidad de adecuar el marco legislativo a la actualidad. El PP propone que la Ley de Aguas recoja la prevención, la protección y la preparación frente a los riesgos naturales de inundación y sequía, y que el conjunto de la política debe regirse por una planificación hidrológica rigurosa que evite daños, una prevención efectiva de riesgos que obliga a que la planificación, ejecución y gestión hidráulica se basen en criterios técnicos y científicos.
Todos los asistentes han coincidido en que debe regir la primacía del criterio técnico en las decisiones en materia hidráulica.
Por último, pero no menor, se ha expuesto la necesidad, incorporada al plan del PP, de realizar una auditoría técnica exhaustiva del estado de todas las presas estatales, comenzando por las más antiguas o con patologías estructurales detectadas, que permita priorizar inversiones con criterios objetivos de riesgo.
Los reunidos han acordado mantener una canal de comunicación para que todas las iniciativas lleguen a buen puerto en cuanto sea posible.
