En una entrevista en Las Mañanas de RNE
- La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, reitera que uno de las primeras razones –además de los antecedentes penales–por las que el PP no apoya la regularización masiva es porque “nadie sabe cuántas personas se van a acoger puesto que el gobierno habla de 500.000 personas, la plataforma de regularización de 700.000 y la Comisaría General de Extranjería de 1.200.000 personas”
- “Tomar una medida de este calibre sin saber cuántas personas se van a acoger es una temeridad”, subraya
- Asegura que como regla general el Partido Popular se opone a las regularizaciones masivas porque en estos procesos deben primar criterios individualizados, con ausencia de antecedentes penales, y siempre vinculados al empleo y con requisitos muy estrictos”
- “De no producirse así el mensaje que le lanzamos al mundo es que la irregularidad tiene premio y eso produce que gente que está muy desesperada se echen en brazos de las mafias y pueda perder la vida en el mar”, reflexiona
- Insiste en que el proceso de inmigración debe pasar por vincularlo al empleo, por excluir a las personas con antecedentes penales, exigir unos requisitos de integración, es decir, un criterio estricto e individualizado para que los inmigrantes puedan acogerse a la residencia legal en España. “No es una cuestión de bondad, es una cuestión de Justicia”, argumenta
- Recuerda que el PP apoyó debatir una iniciativa legislativa popular (ILP) porque tenía el apoyo de 700.000 personas para que se tramitara y debatiera, pero el Gobierno ha preferido meterlo en el congelador y ha preferido tramitarlo como Real Decreto por vía de urgencia saltándose informes preceptivos y sin consenso parlamentario
- Indica que una vez que se aprobó la toma en consideración de la ILP el PP presentó una serie de enmiendas para mejorar el texto que son perfectamente compatibles con el plan de inmigración del Partido Popular
- Alerta del mercado negro de certificados falsos que provoca movimientos secundarios en otros países europeos y señala que la persona que se quiere acoger a la regularización tiene un mes para acreditar los antecedentes penales y, si no lo consigue, el Gobierno lo intentará por la vía diplomática en el plazo de tres meses
- “¿Qué ocurre durante esos cuatro meses?”, pregunta, para responder: “Una vez que se ha solicitado acogerse a la regularización, el inmigrante se queda en una suerte de situación paralegal con un permiso temporal de residencia que le permite actuar en España sin que se sepa durante todo ese tiempo si esa persona tiene antecedentes penales o no”, avanza
- Muestra “rubor” antes las palabras del ministro Bolaños atacando la resolución del juez Peinado de procesar a la mujer del presidente del Gobierno y expresa respeto a las resoluciones judiciales. “Bolaños ha confundido el Ministerio de Justicia con el departamento de comunicación de Ferraz”, afirma
- “Si esa resolución judicial no hubiera sido una resolución judicial sobre la mujer del presidente del Gobierno no se hubiera expresado en esos términos”, sentencia
- Califica de “éxito para Europa, para la democracia y para la libertad la victoria de Magyar en Hungría”. “El Partido Popular tiene un nuevo primer ministro en el Consejo Europeo y los patriotas tienen un primer ministro menos, y solo tenían uno”, concluye
