El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acompañado de la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, ha recibido hoy, en la sede nacional del PP, a familias con hijos con cáncer y otras enfermedades graves afectadas por las ayudas para el cuidado del menor (CUME). En concreto, el líder del PP ha mantenido dos encuentros con representantes de las asociaciones Asfacume y la Plataforma La CUME nos une.
En este encuentro, Feijóo ha compartido las respuestas que desde el Partido Popular se están planteado a las necesidades y problemas a los que se enfrentan estas familias, con el objetivo de ampliar su protección desde la proposición de ley que el partido ha registrado tanto en el Congreso como en el Senado.
COMPROMISO CON LAS FAMILIAS AFECTADAS
En estas reuniones, el presidente del PP ha trasladado el compromiso de la formación con estas familias y les ha agradecido su colaboración, diálogo y trabajo continuo con el partido para elaborar la Ley CUME registrada. Una iniciativa que, entre otras medidas, garantiza que la prestación y el permiso por cuidado no finalicen automáticamente cuando el hijo cumple 26 años si persisten la gran discapacidad, la gran dependencia y la necesidad de cuidados continuos; adapta la normativa a la realidad asistencial actual; favorece la corresponsabilidad entre progenitores; extiende la protección a los empleados públicos; o refuerza la seguridad jurídica y simplifica los trámites administrativos.
El objetivo que el PP busca con esta Ley CUME es que ninguna familia pierda derechos por cuestión de edad, garantizando una respuesta de la Administraciones a estas familias, reforzando la conciliación, la protección social y la igualdad de derechos de las mismas en todo el territorio nacional, vivan donde vivan.
EL PP, CON LAS FAMILIAS FRENTE A UN GOBIERNO QUE LAS DESAMPARA
El diálogo y la puesta en marcha de iniciativas parlamentarias por parte del Partido Popular contrasta con un Gobierno de Sánchez que ha desamparado a estas familias afectadas por las ayudas CUME, que presentó un Real Decreto que ha sido criticado por más de 350 entidades.
De hecho, la iniciativa gubernamental no solo no resolvía uno de los problemas principales como es la actual cancelación de la ayuda más allá de los 26 años del hijo afectado por una enfermedad grave, sino que añadía más burocracia al proceso y no incorporaba reivindicaciones históricas de las familias como es la extensión de la protección a los empleados públicos o las medidas para facilitar una verdadera corresponsabilidad entre progenitores.
