En la aprobación de la Proposición no de Ley del PP en el Pleno, así como de medidas de su Moción económica
El Congreso de los Diputados ha respaldado hoy medidas del plan del PP contra el infierno fiscal del Gobierno, así como su Proposición no de Ley para aumentar las condenas y sanciones por tenencia ilegal de armas blancas.
En concreto, el PP ha sacado adelante dos de los puntos de su Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el infierno fiscal al que el Gobierno ha condenado a todos los españoles, como el que reclama al Ejecutivo “deflactar el IRPF para adaptarlo al incremento de precios y salarios, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la progresividad en frío”.
Asimismo, el Parlamento ha respaldado instar al Gobierno “trasponer la Directiva 2020/285 para establecer el régimen voluntario de franquicia para poder eximir de IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año”. En este punto, los dos socios del Gobierno se han dividido en el voto, puesto que el PSOE se opuso a dicha medida mientras que Sumar votó a favor de la misma.
LIMITAR LA COMPRAVENTA DE ARMAS BLANCAS
Además, el PP se anotó otra victoria en el Pleno de hoy al recibir el respaldo del Parlamento a los siete puntos que integran su Proposición no de Ley para endurecer el control de armas blancas ante el aumento de agresiones y sanciones en toda España.
Dicha iniciativa, que salió adelante en una votación separada por puntos y pese a que PSOE y Sumar se opusieron a cada una de las siete medidas, plantea “diseñar urgentemente un plan integral de actuación que frene la tendencia al alza del uso de armas blancas para la comisión de delitos de extrema violencia”.
La Proposición no de Ley incluye asimismo aumentar los tipos de armas blancas prohibidas, reforzar el control en ventas por Internet y revisar la ley del menor, ante uno de los delitos que más ha crecido en nuestro país junto con la ciberdelincuencia. A lo largo de los últimos años, los delitos producidos por armas blancas han crecido de forma notable en el conjunto de España, casi un 60%, y de forma aún más notable en comunidades autónomas como el País Vasco, Cataluña, Madrid y, especialmente, en Andalucía.
