En el Pleno de Estrasburgo
El Parlamento Europeo ha dado un paso político relevante al aprobar un informe que pone fin a años de bloqueo y exige a España ratificar de forma inmediata la reforma de la ley electoral europea, acordada en 2018. Los socialistas españoles, a diferencia del resto de sus colegas europeos, han votado en contra de este informe que exige aplicar un umbral electoral mínimo de entre el 2% y el 5% en las elecciones europeas.
El Parlamento no duda en vincular el bloqueo a una decisión política interna, derivada de los acuerdos de investidura de los socialistas españoles con el PNV (uno de los grandes beneficiados de las injusticias del anterior modelo) tras las generales de 2023, anteponiendo la agenda nacional a la comunitaria.
El informe recuerda que la reforma fue aprobada por unanimidad en el Consejo, con el voto favorable de todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, incluido Pedro Sánchez. No es una recomendación ni una propuesta en debate. Es una decisión europea cerrada, hoy bloqueada en toda la UE por la falta de ratificación en España.
El ponente del informe y eurodiputado del Partido Popular, Borja Giménez Larraz, ha destacado que la votación representa “un punto de inflexión institucional” y ha celebrado que la Eurocámara haya fijado una posición clara tras años de parálisis. “Europa ha dejado claro que este bloqueo no es técnico ni inevitable. Es una elección política consciente del Gobierno de Sánchez, que antepone sus equilibrios en el Congreso a un compromiso europeo adoptado al máximo nivel”, ha señalado.
La reforma de la ley electoral europea introduce, entre otros elementos, la obligación de establecer un umbral electoral de entre el 2% y el 5% en los Estados con circunscripciones únicas de gran tamaño, como España, con el objetivo de corregir distorsiones democráticas y garantizar que el acceso al Parlamento responda a un respaldo ciudadano mínimo. Se trata de un estándar ampliamente implantado en la mayoría de los Estados miembros y que ya ocurre en otros procesos electorales, también a nivel autonómico en España.
La ausencia de cualquier umbral en España ha permitido que formaciones con apoyos muy reducidos a escala nacional obtengan una representación sobredimensionada en la Eurocámara, quebrando el principio de igualdad del voto y alterando el equilibrio del sistema representativo.
EL PSOE Y VOX UNEN SUS VOTOS PARA PRIVILEGIAR A LOS NACIONALISTAS
En el plano político, la votación ha evidenciado el aislamiento del PSOE en el ámbito europeo. Mientras una amplia mayoría de los socialistas europeos ha respaldado el informe y la necesidad de aplicar la reforma, los eurodiputados socialistas españoles han optado por mantener el bloqueo para no incomodar a sus socios nacionalistas, alejándose de la posición mayoritaria de su propia familia política.
Asimismo, Vox ha votado junto al PSOE en contra del informe, contribuyendo a prolongar una anomalía electoral que beneficia directamente a partidos nacionalistas como Bildu, Esquerra Republicana o el PNV. Con este posicionamiento, Vox se ha alineado con la estrategia de bloqueo del Gobierno, apoyando la continuidad de un sistema que distorsiona la igualdad del voto en España.
MÁS TRANSPARENCIA PARA LOS VOTANTES
Otro de los avances destacados es un avance en la transparencia electoral, obligando a que las papeletas electorales contengan todos los partidos que concurren en coalición. Esta es una demanda histórica del PP en territorios como Galicia, donde el BNG no informa de manera clara que concurre a los comicios de la mano de Bildu y ERC bajo una marca común. Esta medida pone fin al ocultamiento de información al que se somete al elector.
Tras la votación, Giménez Larraz ha señalado que el resultado “lanza un mensaje político claro: Europa no puede seguir rehén de pactos internos ni de cálculos partidistas que bloquean decisiones ya adoptadas”.
El texto aprobado insta al Gobierno a que inicie el procedimiento de ratificación sin más esperas, cerrando una etapa de bloqueo que ha dañado la credibilidad institucional de España y su capacidad de influencia en futuras reformas europeas por cuestiones absolutamente nacionales.
