En declaraciones a los medios en Albacete
- La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, acusa al Gobierno de haber “dejado fuera” de la ley las consecuencias tributarias que tiene el reconocimiento de un determinado nivel de dependencia. “Vamos a enmendarlo”, advierte, porque para el PP es algo “esencial” el reconocimiento pleno de los derechos y, por tanto, de sus efectos y desgravaciones fiscales para estas personas
- “Que las consecuencias en el reconocimiento de la dependencia sean las mismas que en el reconocimiento de la discapacidad y, por lo tanto, se sigan garantizando los beneficios fiscales que la ley del Gobierno elimina”, defiende: “En el reconocimiento de derechos sociales no puede haber letra pequeña”
- “Queremos que a las personas que se les reconoce un grado de dependencia y, como consecuencia, un grado de discapacidad, tengan también los beneficios tributarios que se tienen cuando solo se reconoce la discapacidad”, asevera
- Recuerda que el proyecto de ley para reformar las leyes de Discapacidad y Dependencia está ya en el Senado, donde el PP la mejorará a través de enmiendas: “Ese texto tiene mucho recorrido para poder ser mejorado”
- Reclama una memoria económica ante la reforma de la Ley de Dependencia para evitar que los servicios “se conviertan en frustración” ante la falta de presupuesto por parte del Gobierno de Sánchez. “Si tú quieres prestar un servicio y reconocer un derecho como Administración Pública es esencial que vaya acompañado de un presupuesto y de una memoria económica”, advierte, puesto que de lo contrario “se termina convirtiendo en frustración”
- Defiende la “agenda social para España” de Feijóo, que se regirá por criterios de igualdad porque “el código postal en el que viva una persona no puede definir los servicios que tiene que recibir”: “Nuestro modelo viene a garantizar la cohesión del Sistema Nacional de Salud y la igualdad en el ámbito de los servicios sociales”
- Durante una visita al campamento de verano de Asprona para personas con discapacidad, celebra este modelo de “colaboración público-social” entre el tercer sector y gobiernos del PP como el del Ayuntamiento de Albacete, que ha duplicado la inversión para este tipo de iniciativas
