Pilar Alía acusa al Gobierno de imponer por Real Decreto la limitación de precios y abrir la puerta a un intervencionismo sin límites

En el Pleno del Congreso

• La portavoz adjunta de Economía del GPP, Pilar Alía, acusa al Gobierno de “ampliar de forma alarmante el alcance de la limitación de precios, incluyendo ‘otras circunstancias sobrevenidas’ que serán determinadas discrecionalmente por el Consejo de Ministros”

• Añade que el Ejecutivo vuelve a legislar a través de un nuevo Real Decreto, “de manera urgente y sin consenso, esta vez para limitar precios en situaciones de emergencia”

• “Una medida que, en su opinión, lejos de resolver los problemas logísticos derivados del accidente de Adamuz, supone un grave ataque a la libertad de empresa y genera una enorme inseguridad jurídica”

• Recuerda que la legislación ya contemplaba mecanismos para actuar ante situaciones de urgencia a través de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil

• “Esto supone que el Gobierno podrá decidir cuándo, dónde, en qué sectores y durante cuánto tiempo se fijan precios máximos, sin criterios técnicos claros, sin memoria económica y sin informes independientes que respalden la medida”, señala

• Advierte que “la fijación de precios puede generar consecuencias muy graves: reducción de la oferta, escasez de productos y servicios, desincentivo a la inversión, deterioro de la calidad y aparición de mercados paralelos. Además, pone en riesgo el tejido productivo formado por autónomos, pymes, agricultores y ganaderos, que podrían verse obligados a operar a pérdidas”

• Además, afirma que esta norma vulnera el artículo 38 de la Constitución, que protege la libertad de empresa dentro de la economía de mercado, y podría entrar en conflicto con la normativa europea al no justificarse adecuadamente su proporcionalidad ni su impacto económico

• A su juicio, “el intervencionismo del Gobierno no solucionará los problemas estructurales ni las dificultades de movilidad derivadas de la emergencia, por el contrario, pone en peligro el tráfico económico y aumenta la inseguridad jurídica en un momento especialmente delicado para familias y empresas”

• “Cuanto más tarde se corrijan estas políticas improvisadas del Gobierno, mayor será el coste económico para España”, concluye