En el Congreso de los Diputados
Frente a la opacidad del Gobierno en un ámbito tan estratégico como es la Defensa, el Partido Popular ha registrado en el Congreso una batería de iniciativas dirigidas al control parlamentario del Ejecutivo de Sánchez para exigir luz y taquígrafos en relación a los contratos que se están adjudicando de manera directa, y que representan una inyección de dinero público sin precedentes en el sector de la industria de defensa en nuestro país.
En un contexto inédito de falta de Presupuesto durante toda la legislatura, el Gobierno está comprometiendo gasto para toda una década. Aunque todavía están pendiente de formalizar nueve contratos de un total de 32, dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, el Gobierno ya ha comprometido un gasto de 34.168M€, para los cuales ya ha acordado préstamos por importe de 14. 283M€. Este extremo hace todavía más urgente y necesario ejercer una profunda labor fiscalizadora que, por el momento, no se está facilitando por parte de los ministerios de Defensa y de
Industria.
Además, con todos estos proyectos se está comprometiendo el papel estratégico de España en el ámbito de la defensa, por lo que la adjudicación de los contratos debería hacerse con plena seguridad de que se están encargando a empresas con capacidades instaladas reales y suficientes para el desarrollo de los mismos. En un contexto de máxima exigencia internacional, el Gobierno debería garantizar la disponibilidad de dichas capacidades en tiempo y forma, así como aprovechar la oportunidad de impulsar la soberanía tecnológica de nuestra industria, extremos que deben comprobarse y
conocerse.
A todo ello, se une que estas adjudicaciones públicas se están llevando a cabo de manera directa y sin concurrencia competitiva, lo que hace inexcusable la máxima rendición de cuentas del Gobierno y la profunda fiscalización por parte del Congreso lo que hasta el momento no ha ocurrido. Lo primero por la falta de transparencia del Gobierno; lo segundo, por la falta de respeto a las competencias propias del Congreso que día a día practican los distintos ministerios, y a la cual defensa no es ajena.
Máxime, cuando estamos en un momento en el que se está estudiando la adquisición por parte de INDRA de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), en una circunstancia en la que INDRA es la compañía más beneficiada de las contrataciones del ministerio de Defensa con una prefinanciación ya acordada en estos momentos de 5.959M€, el 41,7% del total de los préstamos y de los cuales 3.169M€ son en UTE con EM&E. Unas cifras que se verán incrementadas en el momento en que se conozcan la
totalidad de los contratos que el Gobierno pretende comprometer con INDRA, ya que por el momento se desconocen las cuantías totales de siete de ellos.
Desde el Partido Popular estaremos vigilantes para garantizar que una operación mercantil en la que el Gobierno está participando a través de la SEPI y el Ministerio de Hacienda, no desemboque en una situación de posición dominante o de monopolio, dentro del sector de la industria de defensa
nacional. Las decisiones arbitrarias, por motivaciones políticas y sin atender a criterio alguno de concurrencia competitiva ni de necesidades específicas de las Fuerzas Armadas, plantean un escenario de grandes dudas sobre el control del dinero público en unas cantidades antes nunca vistas.
CONTROL AL GOBIERNO
Entre las medidas parlamentarias contempladas por el Partido Popular, se exige la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que explique los procesos de adjudicación de los 22 proyectos que se han adjudicado al grupo Escribano EM&M; la del ministro de Industria, Jordi Hereu,
para que explique los criterios que se han aplicado para la concesión de préstamos directos por importe de 3.169 millones de euros a la UTE formada por Indra y EM&M; y la del presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, para que explique si ha detectado movimientos especulativos, así como el análisis
del organismo ante la evolución del valor de la acción de Indra, que ha subido
un 23% en solo 10 sesiones.
Por otro lado, el Partido Popular también ha registrado una batería de preguntas orales y escritas centradas en los criterios aplicados para la concesión de los contratos a las empresas seleccionadas, sin concurrencia competitiva, para la ejecución de los programas del Plan Industrial y Tecnológicos para la Seguridad y la Defensa que comprometen, hasta el día de hoy, un gasto adicional de más
de 34.168 M€ en los próximos años, así como la petición de la información disponible y los informes preceptivos que se han realizado en los distintos ministerios sobre la idoneidad y el interés público que tienen los contratos señalados.
