El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados y en el Senado su Ley CUME, una proposición de ley para garantizar, entre otras medidas, que la prestación y el permiso por cuidado de hijos e hijas con cáncer u otra enfermedad grave puedan mantenerse más allá de los 26 años cuando persistan la gran discapacidad, la gran dependencia y la necesidad de cuidados continuos.
Con esta iniciativa, el partido defiende el mantenimiento de las ayudas públicas porque las enfermedades que sufren muchas familias no desaparecen cuando los afectados cumplen 26 años. Sin embargo, la legislación actual, que el Gobierno de Sánchez no parece dispuesto a cambiar, provoca que muchas familias pierdan este tipo de ayudas imprescindibles cuando siguen necesitando dedicar gran parte de su tiempo al cuidado de sus hijos. Por ello, la formación considera que la legislación debe responder a la realidad de estas familias y protegerlas mientras persista la necesidad de cuidados, evitando que tengan que elegir entre mantener su empleo o atender a sus hijos.
Además, la iniciativa adapta la normativa a la realidad asistencial actual, reconociendo también los tratamientos que se realizan mediante hospitalización domiciliaria o atención ambulatoria especializada, e incorpora medidas para favorecer la corresponsabilidad, permitiendo que ambos progenitores puedan compartir la reducción de jornada en los casos de mayor gravedad.
La proposición incluye también medidas para simplificar los trámites administrativos, garantizar una aplicación homogénea de la prestación en todo el territorio nacional y reforzar la protección de los trabajadores autónomos.
El propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado un vídeo en redes sociales anunciando esta iniciativa, en el que se compromete a que no haya “ningún recorte en las ayudas actuales”, como pretendía el Gobierno, a que la ley “se adapte a la realidad de hoy”, posibilitando que se compartan los cuidados entre ambos progenitores y garantizando “los mismos derechos para todas las familias, vivan donde vivan”. Además, Feijóo también ha defendido que las ayudas “no se esfumen” cuando el hijo afectado por una enfermedad grave cumple 26 años, como ocurre ahora.
“Hay causas que una sociedad decente tiene que afrontar cueste lo que cueste y esta es una de ellas”, ha advertido Feijóo, que considera esta política social la “alternativa” porque sí sirve “para dar soluciones a quien tiene problemas”.
El registro de esta nueva Ley Feijóo llega después de meses de diálogo del PP con asociaciones de familias afectadas por estas ayudas CUME, escuchando sus reivindicaciones y trabajando en esta proposición de ley que busca dar respuesta a sus principales demandas.
Una actitud que contrasta con la del Gobierno, que no solo no ha escuchado a los afectados ni piensa ampliar los derechos de estas familias, sino que incluso ha tenido que rectificar sus recortes en estas ayudas CUME después de que las familias los denunciaran públicamente.
“Que el Gobierno haya tenido que rectificar demuestra su falta de sensibilidad y que solo están pensando en su propia agenda judicial”, advierte la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, quien pide sacar adelante esta Ley Feijóo porque “la legislación no puede seguir castigando a quienes dedican su vida al cuidado de sus hijos”.
“Es profundamente injusto que una familia pierda esta protección simplemente porque su hijo cumple años. Las necesidades de cuidado no entienden de cumpleaños ni de límites administrativos”, señala Fúnez, quien ha defendido el “compromiso inequívoco” del PP con estas familias y con una política social que gaste el dinero público “donde de verdad importa”.
Esta ley para ayudar a las familias con hijos con enfermedades graves se suma a cerca de 60 leyes Feijóo que el PP ha registrado en el Congreso o, incluso, aprobado en el Senado, pero que la Mesa de la Cámara Baja que dirige Francina Armengol ha paralizado.
Estas iniciativas legislativas van desde ayudas para los afectados por la talidomida o por la celiaquía, a las leyes de Vivienda y de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar del PP, pasando por las medidas de apoyo a las víctimas del terrorismo o de refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Desde el Partido Popular llevan meses denunciando que estas iniciativas podrían contar con una mayoría parlamentaria suficiente, como se ha demostrado con la petición de presentación de una cuestión de confianza en el Congreso. Sin embargo, todas estas proposiciones de ley permanecen en el “congelador de Armengol” porque el Gobierno, que no cuenta con mayoría parlamentaria, se niega a que las Cortes legislen.
