Iniciativa en el Parlamento Europeo ante la tragedia ferroviaria
El Partido Popular ha puesto en marcha una ofensiva parlamentaria en el Parlamento Europeo para exigir explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de las infraestructuras ferroviarias y el destino de los fondos europeos tras el accidente de Urda, que dejó 69 víctimas mortales.
Los eurodiputados populares han registrado una batería de preguntas parlamentarias dirigidas a la Comisión Europea para que examine la ejecución de las inversiones financiadas con dinero comunitario, los controles sobre los contratos de mantenimiento y modernización ferroviaria y el cumplimiento de las obligaciones europeas en materia de seguridad.
Las iniciativas, promovidas por la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, y el eurodiputado de la comisión de Transportes Borja Giménez Larraz, así como por Raúl de la Hoz e Isabel Benjumea por lo referido a los fondos, ponen el foco en una cuestión fundamental: si las inversiones anunciadas y financiadas con fondos europeos se han traducido realmente en infraestructuras y sistemas de protección plenamente operativos.
El PP considera que la sucesión de interrogantes sobre la ejecución de las inversiones, el funcionamiento de los sistemas de protección y la supervisión del gasto europeo obliga al Gobierno a ofrecer explicaciones ante la Comisión Europea. Las instituciones europeas deben comprobar que los compromisos declarados por España se corresponden con actuaciones efectivamente realizadas y que el dinero de los contribuyentes se ha destinado a los fines para los que fue concedido.
Los populares reclaman así transparencia, auditorías y una revisión exhaustiva de las inversiones ferroviarias, así como la asunción de responsabilidades si las investigaciones acreditan irregularidades.
INVESTIGAR HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS
En particular, reclaman a Bruselas que examine el cumplimiento del hito 87 del Plan de Recuperación, las deficiencias en los procedimientos de seguridad ferroviaria y la responsabilidad de las autoridades españolas en la gestión de los fondos europeos.
Asimismo, solicitan información detallada sobre los fondos comunitarios destinados a los contratos investigados por la Fiscalía Europea tras los accidentes de Adamuz y Urda, así como sobre el grado real de ejecución de las inversiones en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
El objetivo es conocer cuánto dinero europeo se ha destinado a los contratos objeto de investigación, qué comprobaciones se han realizado para verificar que los trabajos se ejecutaron correctamente y si Bruselas prevé llevar a cabo auditorías específicas y exigir la devolución de los fondos en caso de que se confirme un uso irregular.
También preguntan por el contrato adjudicado por ADIF a Thales en septiembre de 2021, por 93 millones de euros, para renovar los sistemas de señalización y protección ferroviaria de la línea Madrid-Sevilla, incluida la sustitución del sistema LZB. Según recoge la iniciativa, el plazo de ejecución finalizaba en enero de 2026 y, sin embargo, diez meses después el LZB continuaba operativo.
ACTUACIONES APROBADAS, PERO “¿TERMINADAS?
Los populares piden a la Comisión que compruebe si las actuaciones estaban realmente terminadas, instaladas, probadas y disponibles para la explotación ferroviaria cuando el Gobierno declaró cumplido el hito 87 del Plan de Recuperación, un compromiso necesario para desbloquear nuevos desembolsos de fondos europeos.
Por su parte, otras preguntas solicitan a la Comisión que compruebe si los mecanismos de supervisión españoles cumplen la normativa comunitaria, si los procedimientos de circulación en condiciones degradadas se ajustan a las exigencias establecidas y si considera necesario formular recomendaciones provisionales a las autoridades españolas para reforzar la seguridad ferroviaria.
Estas iniciativas también reclaman explicaciones sobre los fondos europeos pendientes de ejecución. En concreto, recogen que, al cierre de 2025, el Ministerio de Transportes mantenía pendientes 1.196 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el 61,8 % de los fondos asignados, y recuerdan las deficiencias en los sistemas de gestión y control de ADIF advertidas por el Tribunal de Cuentas.
