En la Comisión de Derechos Sociales y Consumo
El diputado del GPP Miguel Ángel Paniagua critica al Ejecutivo por “utilizar la ideología para legislar y, lo que es peor, objetivos que nada tienen que ver con la ley y sí con fines políticos de algunos partidos”, como ha sucedido durante la tramitación parlamentaria de la Ley de atención a la Clientela
“Esta es una ley para beneficiar a los consumidores -recalca-, no para impulsar un idioma o cumplir fines identitarios de comunidades autónomas”, en alusión a modificaciones “más allá de lo imaginable” en el texto, como ocurre con la obligación de responder a la clientela en la misma lengua en que se formuló la queja “sin discriminar la autonomía en que se aplicaría”
Indica que este tipo de “enmiendas lingüísticas” alteran la naturaleza de dicha ley, como es también el caso de la modificación que obliga a formar a los trabajadores en las lenguas cooficiales, “estén donde estén y tengan clientes en autonomías con idiomas cooficiales o sin ellos”
“Introducen un componente identitario que dificulta su aplicación y genera inseguridad en la totalidad de los sectores afectados”, agrega a este respecto, a la vez que lamenta que el Ejecutivo opte por impulsar una norma “absurda e inaplicable” en algunos casos, en vez de pactar con el PP una ley que beneficie a los consumidores
Denuncia asimismo “las muchas anomalías” en las reuniones previas de la Ponencia, donde “de manera inédita” se plantearon transaccionales inspiradas en enmiendas del PP sin hablar con el proponente, “una práctica contraria al uso parlamentario que generó desconcierto entre los letrados”
Advierte del “error mayúsculo” de no incluir a las Administraciones Públicas en la aplicación de esta norma: “¿Cómo pretendemos implicar a la sociedad si dejamos fuera a las instituciones? ¿Qué imagen y ejemplo les damos?”
Llama también a “regular con sentido común”, especialmente cuando dicha normativa afecta al colectivo de las pymes, que “disponen de menos capacidad financiera, menos márgenes y menos flexibilidad laboral”
Destaca por último las 58 enmiendas presentadas por el GPP al texto, que persiguen “reforzar los derechos de los consumidores y usuarios sin generar cargas excesivas a las empresas”. “Siempre hemos buscado aclarar el articulado, garantizar la seguridad jurídica y extender también la protección a los servicios prestados por la Administración Pública”, concluye
