En una moción consecuencia de interpelación
- El Pleno del Senado dará luz verde a una moción consecuencia de
interpelación, por el que el Grupo Parlamentario Popular reclama un
paquete que contiene siete medidas urgentes para proteger los
servicios básicos de los consumidores ante el “vampirismo fiscal” del
Gobierno de Pedro Sánchez.
- En concreto, las senadoras Carmen Riolobos y Paloma Sanz, instan
al Ejecutivo a garantizar la protección efectiva de los derechos y la
prestación eficiente de los servicios básicos a los consumidores.
- Con esta iniciativa los populares pretenden: Aliviar la presión sobre la
economía familia consumidora; medir el impacto real del coste de la
vida; establecer protocolos cuando fallen los servicios esenciales;
facilitar reclamaciones; garantizar compensaciones; crear un sistema
de información y alerta; y obligar al Gobierno a rendir cuentas.
- Durante su intervención, Riolobos dibuja un panorama desolador ya
que “el coste de vivir corre mucho más que los salarios y está triturando
a la clase media.”
- En este sentido, la portavoz de Consumo explica que “la cesta de la
compra, la energía y la vivienda desbordan a las familias, mientras el
Gobierno recauda más y despilfarran a manos llenas”.
- Ante esta situación, la senadora por Toledo resume el contexto:
“Sánchez y Montero exprimen a las familias con más impuestos, más
precios, menos poder adquisitivo y más pobreza para los consumidores”.
- Por ello, recalca la importancia de esta iniciativa en la que su Grupo
plantea, entre otras cosas, protocolos, indemnizaciones, información
clara y reparación efectiva, ya que “cuando falla lo esencial, falla el
Estado y vuelve a pagar el consumidor”.
- Advierte que “quien vote en contra de esta moción, por obediencia
debida, vota contra el consumidor y a favor del Gobierno”; al tiempo que
denuncia “la ceguera interesada y obediencia ciega a un Gobierno
nefasto para las familias”.
- Pone nombre y apellidos a quienes han provocado este “círculo vicioso
de empobrecimiento” en el que está inmerso el consumidor: “Acusamos
a Sánchez y Montero de asfixiar a las familias por su vampirismo fiscal”.
- Para finalizar, Carmen Riolobos censura que España “no funciona en
lo más básico: luz, transporte y telecomunicaciones; fallan y el
consumidor paga. El Gran Apagón, Adamuz y el caos ferroviario
retratan la desprotección ante los servicios esenciales”.
ESTE GOBIERNO ESTÁ ARRUINANDO A LOS CONSUMIDORES
- Por su parte, Paloma Sanz asevera que, gracias a las políticas del
Ejecutivo de Sánchez, los consumidores se están arruinando: “Pagan
más, viven peor y además sufren su abandono cuando todo falla”.
- Arroja datos sobre este “deterioro”, como los publicados por la OCU,
que advierte de que el 50% de las familias, tiene dificultades para
comprar carne y pescado fresco; que el 63%, llega con dificultades a
fin de mes y que el 72%, apenas puede ahorrar. “Algo que evidencia un
deterioro claro de la solvencia familiar y de la capacidad de acceso a
bienes básicos”, añade la senadora por Segovia.
- Igualmente, en materia de energía se hace eco de la CNMC, quien
alerta del bajo nivel de satisfacción entre los hogares sobre su alto
precio. “Esto confirma que la energía ha dejado de ser un gasto
controlable, para convertirse en una preocupación estructural para
muchos hogares”, apostilla.
- A esto le suma la “insuficiente” protección de los consumidores cuando
fallan los servicios esenciales, tal y como se reflejó en el apagón del 28
de abril o en el grave accidente de Adamuz. “Dejaron a miles o millones
de afectados, sin información clara, sin reparación suficiente y con
dificultades para reclamar, revelando graves déficits en continuidad del
servicio, transparencia, respuesta pública y tutela efectiva del
consumidor”, reprocha.
- Asegura que el Estado “debe garantizar el acceso asequible a
productos y servicios esenciales, la continuidad y calidad mínima de
dichos servicios, información veraz y útil”.
- Sin embargo, “el deterioro del poder adquisitivo, la persistencia de
sobrecostes en bienes y servicios básicos, la crisis de vivienda, las
dificultades en el transporte y la ausencia de respuestas ágiles ante
fallos sistémicos han agravado el empobrecimiento de la clase media
consumidora, obligando a muchas familias a recortar consumo
esencial, posponer decisiones vitales, y vivir en una situación
permanente de alerta económica”, concluye Paloma Sanz.
ADJUNTAMOS EL PAQUETE DE MEDIDAS PROPUESTO POR EL PP
- 1. La aprobación de medidas que devuelvan la capacidad y el poder adquisitivo a
las clases medias y a las familias para aliviar la presión sobre la cesta de la compra,
la energía, la vivienda y otros gastos básicos que afectan de forma directa a la
economía familiar.
- 2. La presentación ante las Cortes Generales, en el plazo máximo de tres meses,
de un informe de impacto del coste de la vida sobre los consumidores, con desglose
específico sobre alimentación, energía, vivienda, transporte y capacidad de ahorro
de los hogares, incluyendo un apartado específico sobre sus efectos en la clase
media y en los consumidores vulnerables.
- 3. La aprobación, en coordinación con el resto de las administraciones, de un
protocolo de actuación en materia de consumo ante crisis o incidencias graves que
afecten a servicios a esenciales que:
- Garanticen que, ante toda alteración grave de un servicio esencial, los
consumidores puedan disponer de una información clara, homogénea, accesible y
actualizada sobre la incidencia, sus derechos, los procedimientos de reclamación,
los plazos y las posibles compensaciones o indemnizaciones.
- Establezcan mecanismos de reclamación simplificados, rápidos y accesibles,
presenciales y telemáticos, evitando que el consumidor quede atrapado en
procedimientos fragmentados, opacos o excesivamente complejos, con especial
atención a personas mayores, personas con discapacidad, consumidores en
situación de vulnerabilidad y afectados por brecha digital.
- Impulsen mecanismos de compensación y reparación ágiles para los consumidores
afectados por interrupciones, fallos graves o alteraciones masivas de servicios
esenciales, tras la reclamación de los perjuicios que les fueran causados y,
- Refuercen la coordinación interministerial para que, en toda crisis que afecte a
servicios esenciales, la protección del consumidor se incorpore desde el primer
momento a la respuesta pública y no quede diluida entre departamentos o niveles
administrativos.
- 4. La Comparecencia en el Senado para informar de las actuaciones desarrolladas
por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en defensa de los
consumidores afectados por el gran apagón del 28 de abril de 2025, por las
incidencias ferroviarias recientes y por otras alteraciones graves de servicios
esenciales, detallando medidas adoptadas, reclamaciones recibidas,
compensaciones reconocidas y reformas impulsadas.
- 5. El establecimiento de un Sistema Común de Información y Alerta al Consumidor
ante crisis en servicios esenciales, en cooperación con las Comunidades
Autónomas y los organismos reguladores competentes, que permita una respuesta
pública coordinada, rápida y comprensible con el objetivo de garantizar que los
operadores de servicios esenciales asuman las obligaciones reforzadas de
continuidad, información inmediata al usuario, atención a la clientela, trazabilidad
de incidencias, compensación por daños y respuesta eficaz a reclamaciones.
- 6. La presentación anual ante las Cortes Generales de un Informe de Transparencia
sobre Protección del Consumidor en Servicios Esenciales, que incluya incidencias
relevantes, número de consumidores afectados, actuaciones inspectoras,
expedientes sancionadores, reclamaciones tramitadas, compensaciones
reconocidas y propuestas de mejora normativa.
