En el debate de una moción consecuencia de interpelación del GPP
El Grupo Parlamentario Popular advierte de que la mal llamada Ley de Eficiencia de la Justicia del Gobierno “llevará al colapso total” a los juzgados de violencia sobre la mujer”, por lo que aprueba una moción consecuencia de interpelación para revertir esta situación.
Las senadoras del PP, Verónica Casal y Asunción Mayo, defienden la iniciativa que pide suprimir la competencia de las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia, para la instrucción de todos los delitos contra la libertad sexual, así como los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida sea una mujer.
Verónica Casal pone de manifiesto que la Ley Orgánica 1/2025 “amplía competencias sin dotación presupuestaria ni medios humanos y materiales suficientes”; tras lo que avisa del “grave riesgo de colapso” al que el Gobierno de Pedro Sánchez está abocando a los juzgados de violencia sobre la mujer con la reforma introducida.
Insta al Gobierno a “atender las recomendaciones del CGPJ y evitar el colapso de los juzgados”, tras lo que señala que “saturarlos no es estar con las víctimas, sino situarse en contra de ellas”.
Expone la “preocupación” del PP ante unas medidas que, “lejos de mejorar el servicio público de Justicia, sobrecargan aún más unos órganos judiciales ya desbordados”.
La senadora recuerda que, cada día, se publican nuevas advertencias de profesionales de la Justicia sobre la situación límite de los juzgados especializados, señalando que “el Gobierno introduce reformas con un impacto organizativo y competencial enorme”.
“No es una reforma valiente, es una reforma temeraria y sin medios”, señala Casal, para quien, la reforma amplía aún más las competencias de los juzgados de violencia contra la mujer para incluir delitos de violencia sexual, lo que incrementará su carga de trabajo sin dotación de medios.
Casal enumera que se necesitarán más salas, equipos psicosociales, equipos forenses, funcionarios de tramitación y espacios para menores, y alerta de que de todo esto “se pretende hacer a coste cero”.
La senadora gallega recuerda que el CGPJ estima que la carga de trabajo aumentará un 12,9%, llegando al 20% en algunas comunidades, y critica que el Gobierno no haya previsto ninguna medida efectiva.
Verónica Casal avisa de que, si el sistema no responde adecuadamente, puede haber una” pérdida de confianza por parte de las víctimas y de la ciudadanía”.
Para terminar, avisa a los socialistas de que su voto en contra de esta moción les hará “responsables” de las dilaciones indebidas, que se traducen, como en la Ley del sólo sí es sí, en rebajas de condena. “Esa es la protección a las víctimas que están ustedes apoyando con su negativa a votar a favor de nuestra moción”.
Por su parte, la senadora por León, Asunción Mayo, afirma que se ha aprobado una reforma que “carece de medios” y los juzgados van a ver “doblada su carga de trabajo”, tras lo que critica que el PSOE parece vivir en otra realidad ajena a lo que sucede realmente.
Mayo avisa de que esta reforma impulsada por el Gobierno va a tener “consecuencias” que veremos más tarde: “¿Cómo la Ley del sí es sí? ¿Cuándo veamos los terribles efectos que ha tenido? ¿Lo vamos a evaluar ahí?”, pregunta a los socialistas.
“Nos debemos a las víctimas, para darles el mejor trato posible. Y visto lo que hace la reforma y visto el sistema anterior, es mucho mejor volver al sistema anterior, y eso es lo que plantea nuestra moción, ni más ni menos”, recalca la senadora del PP por León.
Afea al Gobierno de Sánchez su “feminismo de palabra”, tras lo que asegura que lo que “lo que queremos desde el PP es el feminismo de las obras, y eso se demuestra apoyando nuestra moción”.
