La eurodiputada del Partido Popular, Rosa Estaràs ha presentado una nueva pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para que investigue los fallos técnicos y las posibles irregularidades contractuales vinculadas al sistema COMETA, el dispositivo de seguimiento telemático utilizado en España para la protección de víctimas de violencia de género. Se trata de la segunda pregunta registrada en el Parlamento Europeo sobre este mismo asunto, tras las múltiples incidencias reveladas por diversos tribunales y medios de comunicación españoles desde 2023.
El fallo de las pulseras antimaltrato es un capítulo más dentro de una serie de decisiones políticas impulsadas por este Gobierno que han desprotegido alarmantemente a la mujer. Prueba de ello con las trágicas consecuencias que tuvo la Ley del sí es sí, la utilización de mujeres como mercancías por miembros de la trama Koldo o las denuncias de acoso sexual que pesan sobre Francisco Salazar, asesor del presidente del Gobierno.
La última incidencia en la pulsera provocó que una mujer, que iba en un coche acompañada de su hija y de su madre, se cruzó con su maltratador sin que saltara la alarma, sufrió un ataque de pánico y recibió explicaciones erróneas de las trabajadoras del centro Cometa.
“Las mujeres víctimas de violencia necesitan dispositivos fiables. Una alerta que no se envía o una geolocalización errónea pueden tener consecuencias irreversibles. Si un sistema financiado con fondos europeos muestra fallos operativos repetidos sin que el gobierno de turno haga nada, la Comisión tiene la obligación de examinarlo”, manifestó Estarás.
En su iniciativa, Estaràs recuerda que el sistema ha sufrido “fallos graves” en los últimos años, entre ellos la pérdida masiva de datos durante la migración entre empresas adjudicatarias; manipulaciones de dispositivos que no generaron alertas; errores de geolocalización; resistencia al agua inferior a la certificada; señales idénticas para advertencias de batería baja y agresor cercano; así como desconexiones que habrían afectado a miles de usuarias.
Estas deficiencias habrían tenido impacto judicial directo, con sobreseimientos y absoluciones por falta de pruebas reconocidos por varias audiencias provinciales y mencionados por la Fiscalía General del Estado. Pese a ello, Estarás señala que el Gobierno español “no ha asumido responsabilidades políticas” ni ha impuesto sanciones o rescindido el contrato adjudicado en 2023.
De hecho, el departamento que dirige la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura, año y medio después, que quiere esperar “a las conclusiones de las investigaciones internas y externas” antes de tomar ninguna medida al respecto.
Estaràs insta por ello a la Comisión a revisar la adjudicación y la ejecución del contrato para determinar si cumplen las normas europeas de contratación pública y los principios de buena gestión financiera exigidos por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Asimismo, solicita saber si Bruselas prevé pedir a España un informe completo sobre los fallos técnicos, la pérdida de datos y los procedimientos judiciales afectados, y si considera aplicar correcciones financieras en caso de confirmarse incumplimientos.
“No basta con decir que todo funciona; hay que demostrarlo. Y ahora mismo hay demasiadas incógnitas. Es la segunda vez que acudimos al Parlamento Europeo porque las respuestas en España no están siendo suficientes”, concluyó la eurodiputada.
