Preocupación en Bruselas
El Partido Popular llevará al Parlamento Europeo la reciente condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictada por el Tribunal Supremo, al considerar que el caso constituye un hecho de máxima gravedad institucional y un serio riesgo para la separación de poderes en España.
La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, subrayó que la condena del fiscal general del Estado constituye “uno de los episodios más graves que ha afrontado nuestra democracia desde el punto de vista institucional”. Según afirmó, “la sentencia confirma que quien debía ser garante último de la legalidad utilizó su posición para fines políticos, vulnerando principios esenciales del Estado de derecho”.
Montserrat destacó que “no estamos ante un desliz aislado, sino ante una quiebra deliberada de las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal”. Y añadió: “lo verdaderamente alarmante es que el Gobierno de Pedro Sánchez no solo no actuó para preservar la integridad institucional, sino que mantuvo y amparó al fiscal general hasta el final, incluso cuando ya existían indicios sólidos de su conducta irregular”.
El secretario de libertades del PP Adrián Vázquez, ha subrayado que la condena del fiscal general “es la confirmación judicial de que la persona encargada de garantizar la legalidad, delinquió por razones políticas rompiendo la separación de poderes”. Sin embargo, en palabras del eurodiputado, “lo peor es la reacción del gobierno contra el sistema judicial”.
El respaldo explícito del Gobierno asegura Vázquez, no encaja con los valores democráticos que se esperan de una democracia madura como la española. “Están atacando una sentencia que todavía no han podido leer e intentando deslegitimar a un Tribunal Supremo que también ampara sus derechos”. Según el eurodiputado, “esta actitud revela un deterioro institucional que Europa no puede ignorar”.
El dirigente popular ha recalcado que el caso trasciende el ámbito político y afecta directamente al funcionamiento democrático: “la separación de poderes es la piedra angular del Estado de derecho español y europeo. Cuando un fiscal general es condenado por el Tribunal Supremo y el Gobierno responde cuestionando el fallo mientras sigue defendiendo su inocencia, lo que se erosiona no es solo la credibilidad de la Fiscalía, sino la confianza de los ciudadanos en que las instituciones actúan sin injerencias”.
Como viene denunciando el PP, la Unión Europea debe actuar cuando un Estado miembro muestra señales de ruptura de la separación de poderes y vulneración de la independencia judicial. Ante esta situación, la delegación del PP llevará al Parlamento Europeo la condena al fiscal general del Estado para poner de manifiesto la erosión al Estado de derecho en España.
