Sofía Acedo acusa al Gobierno de “regularización masiva irresponsable” y alerta de un efecto llamada sin precedentes

En el Pleno del Congreso 

• La portavoz de inmigración del GPP en el Congreso, Sofía Acedo, exige al Gobierno que aclare cuántos millones de euros destinará a financiar la regularización en comunidades autónomas, ciudades y ayuntamientos 
• Denuncia que la medida premia la irregularidad y castiga la legalidad, generando un agravio comparativo para quienes cumplen los requisitos y esperan durante años 
• Acedo afirma que no se trata de una simple decisión administrativa, sino de una de las medidas “más irresponsables y lesivas” en materia migratoria
• Critica que el Ejecutivo impulse una regularización masiva sin datos fiables, sin planificación, sin recursos y sin coordinación institucional, y acusa a la ministra Sáenz de “no conocer las cifras reales”, al tiempo que recuerda que informes técnicos estiman un impacto de hasta 1.200.000 personas 
• Alerta de que el sistema de extranjería está saturado y que esta regularización es “imposible de absorber”. Cuestiona la tramitación urgente del Real Decreto, que a su juicio solo busca evitar el control parlamentario, y reprocha la ausencia de memoria económica y de evaluación del impacto en los servicios públicos 
• Advierte del efecto llamada, del riesgo para la seguridad y del fortalecimiento de las mafias, y señala que España pasará a ser vista como el país donde la irregularidad termina en regularización 
• Critica especialmente la posibilidad de sustituir certificados de antecedentes penales por declaraciones responsables, calificándolo de “barbaridad”
• Acusa al Ejecutivo de romper la coherencia europea y de debilitar el sistema Schengen, recordando que el Pacto Europeo de Migración se basa en el control de fronteras, la responsabilidad compartida y retornos efectivos 
• Denuncia que el decreto permitirá regularizar a personas con órdenes de expulsión e incluso con antecedentes penales, algo que, a su juicio, es “inasumible”
• Frente a ello, defiende la alternativa del Partido Popular: inmigración legal y ordenada vinculada al mercado laboral, retornos eficaces y acuerdos con países de origen, expulsión de delincuentes, fin del efecto llamada, lucha contra las mafias, blindaje frente al fraude, y, finalmente, ayudas condicionadas a la residencia legal y a la contribución al sistema 
• Reclama la retirada del decreto y pide al Gobierno que escuche a comunidades, ayuntamientos, oficinas de extranjería y fuerzas de seguridad, a la vez que advierte que la medida pone en riesgo los servicios públicos, la seguridad jurídica y la credibilidad de España en Europa