En la comparecencia de la ministra
El portavoz de Defensa del GPP en el Congreso, Carlos Rojas, asegura que
“cuando se ha decidido ser presidente de todos los españoles no se puede
utilizar su seguridad como ariete de política interna o como un calamar que
echa tinta para que, sobre todo, los problemas internos se mezclen con
asuntos que son políticas de Estado”. “Es inaceptable”, agrega
Insiste en que la política de Defensa es una política de Estado, porque
“invertir en Defensa es invertir en paz”. España tiene que ser un socio serio y
fiable, “pero con este Ejecutivo del dicho al hecho hay un trecho”, añade
Defiende que el GPP vela por el interés general de los españoles y recuerda
el papel controvertido que ha tenido España en la reunión de la OTAN, “donde
el presidente del Gobierno, al que acompañaba la ministra de Defensa, ha
jugado un papel aún peor del que sospechábamos”
Denuncia los bandazos de Sánchez en política de defensa: anuncia un 2%
pactado con la OTAN, firma el 5% en la cumbre y luego dice que apuesta por
el 2,1%; esta actitud es “lesiva para España”, destaca
Recuerda que la guerra de Ucrania está costando miles de vidas y añade que
tanto Rusia como China han incrementado entre el 20 y el 25% su gasto en
defensa y esto sí que supone “amenazas reales”. En este sentido, Rojas se
interesa por conocer el compromiso real de España en gasto de defensa
Cuestiona a Robles por las consecuencias que puede tener la suspensión de
acuerdos en materia de capacidades de defensa y seguridad con el Estado
de Israel, al que le pide máximo respeto con los corredores humanitarios de
Gaza
Explica que ni Francia, ni Alemania, ni ningún otro socio europeo ha tirado,
como ha hecho España, por el camino de la ruptura unilateral de contratos
enfrentándose al derecho de contratación, al derecho internacional y, en
definitiva, a la leyAdvierte de que este Gobierno “le ha tomado gustillo a eso de enfrentarse a
la ley y esa es su forma de proceder”
Respecto al plan de 10.471 millones, recrimina que se haya presentado sin
debate parlamentario previo, sin una memoria económica clara y sin
comprometerse a una supervisión transparente. “Este Gobierno lleva más de
dos años sin PGE”, denuncia, al tiempo que pide la convocatoria de
elecciones
