En la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones
La diputada del GPP, Lourdes Ramírez, asegura que el Gobierno “legisla desde el titular y el anuncio”, sin tener en cuenta el conocimiento experto ni la experiencia de quienes trabajan sobre el terreno, al tiempo que exige que cualquier modificación normativa que afecte a las adicciones se haga con el consenso con las asociaciones
- Denuncia que los seis meses de plazo mínimo de permanencia en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego “no se corresponden con los tiempos reales de recuperación y supone una salida prematura del sistema” provocando una recaída segura. “Se trata de impedir que la recuperación se rompa por una decisión administrativa tomada demasiado pronto”, asevera
- Pide “ampliar el plazo mínimo de autoprohibición a un año”, algo “coherente con los criterios clínicos, con la experiencia acumulada y con las recomendaciones reiteradas de las asociaciones”
- Critica que mientras el Gobierno “anuncia planes y estrategias, las familias siguen esperando respuestas y las asociaciones siguen cubriendo con recursos propios lo que debería garantizar el Estado”
- Afirma que la adicción al juego es “una enfermedad reconocida, con graves consecuencias personales, familiares y sociales” ya que “hablamos de jóvenes que caen demasiado pronto, de adultos que recaen una y otra vez y de familias enteras que se rompen en silencio mientras el Estado llega tarde o no llega”
