Para el Grupo Popular este procedimiento es “rigurosamente inconstitucional” como así lo recoge el Tribunal Constitucional en varias sentencias al entender que “sólo existe cuando se dan circunstancias difíciles o imposibles de preveer que requieren una acción normativa inmediata”.
A juicio de Miguel Ángel Cortés la TDT de pago “no estaba prevista y una prueba de ello es que los aparatos para la transición digital no contemplaban esa modalidad. Asimismo, “su desarrollo legal”, apuntó el portavoz del PP, “ha ido parejo a las maniobras gubernamentales para favorecer amigos, intervenir en operaciones privadas, propiciar o forzar alianzas”.
Así las cosas, Cortés abogó por una legislación audiovisual “estable, que dé seguridad y garantice la libertad de los medios, en el que los operadores puedan hacer frente, no sólo a una crisis publicitaria y de cambio de modelo de negocio, sino que les permita adaptarse a las nuevas posibilidades tecnológicas, que van mucho más allá de una modalidad de TDT”.
