La senadora del PP, Inmaculada Hernández, avisa al ministro José Luis Escrivá de que “estamos ante un intento de colonizar la administración local catalana”.
Hernández se ha pronunciado así, tras preguntar al ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, en el Pleno del Senado, “qué tiene previsto hacer respecto a la escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional”.
La senadora del PP asegura que Junts y ERC exigen el control de interventores y secretarios locales. “Los llamados habilitados nacionales” y quieren que sea la Generalidad, “la que designe a los responsables de velar por hacer cumplir la ley en los ayuntamientos de Cataluña”. Así lo han puesto de manifiesto públicamente y mediante las enmiendas presentadas para la modificación de la Ley Reguladora de Las Bases del Régimen Local, explica.
“Porque sus socios, los que les mantiene a ustedes en el poder, ahora quieren controlar a los funcionarios en los Ayuntamientos, incluso a aquellos que se opusieron a las consultas ilegales del 1 de octubre y no permitieron el apoyo institucional a la consulta que consideraban ilegal”, asegura.
Esta cesión de competencias “despierta mucha inquietud” en las asociaciones de profesionales de habilitados nacionales, COSITAL Y APSITAL y los habilitados nacionales del resto de los ayuntamientos españoles y en el Grupo Popular, pone de manifiesto Hernández.
Explica que son trabajadores seleccionados a nivel nacional, alejados del foco del poder local sobre el que “ejercen la función para garantizar la independencia e imparcialidad”, ya que controlan el cumplimiento de la legalidad en los ayuntamientos.
“Son los funcionarios a los que el independentismo puso en el punto de mira el 1 de octubre”, denuncia la senadora del PP.
Recalca que es muy importante y siempre se ha entendido que el nombramiento de los responsables de llevar a cabo las tareas de control y fiscalización del cumplimiento de la ley, su nombramiento y control sobre ellos, “no dependa de la autoridad local o autonómica que tienen que controlar, para evitar casos de corrupción”.
Ahora, Junts y ERC aspiran a aprovechar las enmiendas al proyecto de ley de medidas urgentes para la ejecución del plan de recuperación “para conseguir que el Gobierno central transfiera a la generalidad el control sobre la designación de interventores, tesoreros y secretarios municipales”, denuncia Inmaculada Hernández.
La senadora avisa que la implantación del sistema que plantea ERC supone el control de los ayuntamientos catalanes, nombrando y cesando interventores, secretarios y tesoreros. Determinaran el acceso a personas sin la formación adecuada y sin conocimiento de la regulación local a partir de concurso de méritos, “que serían determinados en todo caso por el Gobierno de turno”, lamenta.
