Además, al ser un fugado, el Alto Tribunal dictamina que tiene que solicitar autorización judicial.
Esta decisión, entiende el PP, refuerza las tesis del Gobierno y del partido para impedir la investidura de un fugado, lo que supondría una burla al Parlament de Cataluña y a las fuerzas políticas en él representadas.
El señor Puigdemont tiene que respetar la Constitución y la legalidad como todos y cada uno de los españoles y como se merecen los catalanes.
El PP felicita al Gobierno por su perseverancia en defensa de la dignidad de las instituciones y por no haberse resignado a una investidura fraudulenta que hubiera sido una afrenta a nuestra democracia.