En el Pleno del Congreso
La portavoz de Justicia del GPP, María Jesús Moro, señala que todos los profesionales de la justicia coinciden en que la Ley de Eficiencia de Bolaños, que obliga a intentar resolver un conflicto por vías extrajudiciales, como es la mediación o la conciliación, antes de la presentación de demandas civiles y
mercantiles, está provocando “caos, desconcierto e inseguridad jurídica”
Exige al Ejecutivo que corrija las dudas sobre su aplicación y establezca “criterios uniformes, una regulación clara y coherente con el resto de las normas aplicables, que forme a los operadores jurídicos y dote de información al ciudadano”
Denuncia que la falta de claridad de esta medida “ha abierto un laberinto procesal con importantes consecuencias para los ciudadanos y profesionales porque colapsa aún más la justicia y el acceso a ella”
Explica que, por ejemplo, en procedimientos de reclamación de gastos comunitarios, desahucios y cada vez más en derecho de familia, el requisito de procedibilidad de los medios adecuados de solución de controversias tal como está regulado “está generando importantes dificultades, en contra del
objetivo de la ley donde la máxima celeridad y evitar trabas es imprescindible”
“La cultura del acuerdo se construye, no se impone”, subraya Moro al tiempo que reclama que debe orientarse a lograr una mayor agilidad posible en la resolución del conflicto, “no solo para una mejor protección del más débil sino también para descargar a los tribunales de trabajo que puede resolverse por vía extra jurisdiccional”
Advierte de que la situación actual, provocada por la falta de previsión del Gobierno, supone “un riesgo importante de rechazo y retroceso en la confianza en la mediación y en otros medios de solución extrajudicial de controversias, y cree que para su consolidación es necesario que funcionen correctamente y que se aprecien las ventajas”
