En el Pleno del Congreso
La portavoz de Justicia del GPP en el Congreso, María Jesús Moro, denuncia que el Gobierno, “con la inestimable colaboración de su mayoría en la Mesa del Congreso, ha hecho efectivo, en contra de la doctrina constitucional y en contra del juicio técnico del propio Letrado, el veto a dos enmiendas de mi Grupo aprobadas en el Senado” con normas útiles para la seguridad de los ciudadanos
Asegura que el Ejecutivo “con su miedo a la democracia la están interviniendo y degradando” y “con su alergia al Parlamento lo amordazan”. “Este veto, antidemocrático, abusivo, intempestivo en enmiendas ya aprobadas por otra Cámara, eliminando de nuestra capacidad de voto, no es posible porque vulnera la Constitución”, sostiene
Critica que los socialistas se opongan a que “por ley quede fijado el compromiso de incrementar a lo largo de los próximos dos años la plantilla de fiscales” y que tumben “una reforma en la Ley de Extranjería que define procedimientos rigurosos que garantizan la comprobación de los antecedentes penales o policiales para poder residir legalmente en España”
Apunta que su bloqueo “pone al descubierto que efectivamente quieren una regularización sin control alguno” y que la “declaración irresponsable” de no tener antecedentes penales será un cheque en blanco
Cree que “de nada servirá tener mejores normas penales contra los reincidentes si no hay controles preventivos para evitar la entrada o la permanencia de quien ha delinquido y viene a delinquir”, al tiempo que defiende que “para el PP, quien viene a trabajar y cumple la ley es bienvenido, pero no queremos alfombra roja para la delincuencia”
Afirma que ya no hay un Gobierno sino “un grupo de presión y de conveniencia” y les pide que trabajen con los parlamentarios serios porque “con este veto anulan olímpicamente la soberanía popular”
Sostiene que esta Proposición de Ley ha sido trabajada “escuchando a las fuerzas de seguridad, alcaldes, comerciantes y víctimas, al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional, a abogados y fiscales para, desde la proporcionalidad, cerrar la puerta a esa impunidad creciente y en muchas zonas, de hurtos, estafas, petaqueo colaborador del narcotráfico y ahora también en la defraudación de fluido eléctrico para el cultivo de droga”
Señala que hay que reforzar las plantillas de jueces de adscripción territorial, incrementar el número de fiscales, especialmente en las zonas más tensionadas y “seguir cuidando a nuestros policías y guardias civiles que trabajan en primera línea, como profesión de riesgo”
