Durante la comparecencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños
- La portavoz de Justicia del GPP en el Congreso, María Jesús Moro, afirma que la ley que nos presenta “es una Ley de interés particular y de inoportunidad general”. “La ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECRIM) no se impulsa para modernizar el proceso penal, sino para blindar al presidente del Gobierno y tener más controlada la justicia”, asevera al tiempo que sentencia que “debería ser una ley de Estado, pero es de parte”
- Asegura que “no importa tanto la antigüedad de la norma como la torpeza de las reformas, que es lo que sucede ahora más que nunca”. “Las reformas no se planifican ni se analizan adecuadamente, no están redactadas con corrección, y el poder prelegislativo termina sustituyendo al legislativo”, critica
- “No señor Bolaños. No hay que sentirse orgulloso de dar pasaporte a un texto que ha resistido desde el siglo XIX, porque en sus debilidades no encontraba rival de conjunto”, espeta al tiempo que sostiene que los objetivos de esta reforma “no resultan claros”
- Reprocha al ministro de Justicia que haya evitado el consenso y que silencie “la inoportunidad de incrementar las competencias del fiscal general del Estado y la concentración de poderes, además de hacer caso omiso a las indicaciones de los órganos consultivos”
- Explica que “el Ministerio Fiscal es actualmente una mera prolongación jerárquica del Gobierno, y los cambios imprescindibles para superar esta situación —logrando su autonomía e imparcialidad mediante adecuados equilibrios internos de control— no son, precisamente, los que se están acometiendo en la reforma simultánea del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”
- Remarca que es una ley “para un fiscal general todopoderoso y al servicio del Gobierno y concentra todavía más poderes para éste, justo en el momento en que está causando un enorme daño a la Institución”. Tras el juicio, que ha quedado visto para sentencia, certifica que “el fiscal general del Estado debió anteponer el respeto y la salvaguarda de la Institución que representa al suyo propio. No lo ha hecho, y ya no tiene remedio”
- “Se trata de una ley contraria a la independencia judicial, porque no garantiza la autonomía necesaria para que la instrucción pase del juez al fiscal y, además, condiciona la acción de la justicia”, aclara
- “Bolaños ha dicho que esta Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2028 y que no afectará a los procesos en curso. Sabe que no es así”, sostiene, a la vez que explica que “a los 20 días de su publicación entrará gran parte de lo referente al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”
- “Muchos juristas de renombre son partidarios de una nueva ley procesal penal e incluso de atribuir la investigación al fiscal, pero coinciden en afirmar: ‘ahora no, así no’, advierte. “La mejor medida de regeneración es mantener siempre las manos alejadas de la justicia”, concluye
