Reclama a la Comisión que active todos los mecanismos institucionales europeos en los casos Red.es y Plus Ultra
La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha elevado a la Comisión Europea la gestión de fondos europeos en España en relación con los casos Red.es y Plus Ultra, ambos vinculados a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
La eurodiputada popular vincula ambos expedientes, en sendas preguntas escritas, al subrayar tres elementos comunes: el posible uso indebido de fondos europeos en beneficio de actores con conexiones políticas con Moncloa, la existencia de conflictos de interés y opacidad en los procedimientos, y la necesidad de activar el control de los órganos europeos competentes.
“Estos casos, aunque distintos, reflejan un patrón común de opacidad, conflictos de interés y utilización partidista de fondos de la Unión”. Es necesario que Bruselas actúe, que se impliquen la OLAF, la EPPO y el Tribunal de Cuentas, y que se exijan responsabilidades a las autoridades españolas para proteger el dinero de todos los europeos”, indicó la responsable popular.
En su primera cuestión, Montserrat se refiere al informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a petición de la Fiscalía Europea (EPPO), en el que se detectan irregularidades en contratos adjudicados por la entidad pública Red.es por un total de 8,4 millones de euros a empresas relacionadas con el empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en el “caso Begoña Gómez”. La pregunta apunta a opacidad en la tramitación, valoración irregular de criterios técnicos por órganos incompetentes, pliegos contrarios a la ley de contratación, insuficiencia de medidas para prevenir conflictos de interés y posibles fraudes de ley en procedimientos financiados con fondos europeos.
Ante este contexto, Montserrat pregunta a la Comisión si estaba al tanto del informe de la IGAE remitido a la EPPO y qué medidas concretas piensa adoptar para garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria en las contrataciones de Red.es, así como para asegurar la recuperación de fondos en caso de irregularidad. La eurodiputada plantea la posibilidad de una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo y la apertura de investigaciones por parte de OLAF y la propia EPPO.
“La utilización de cartas de recomendación que no figuraban en los pliegos como criterio de adjudicación constituye, según el informe de la IGAE, una alteración arbitraria de la valoración técnica. Esto plantea un riesgo evidente de trato preferencial y vulneración de los principios básicos del mercado interior y choca directamente con los principios europeos que establecen la obligación de que los procedimientos de contratación se rijan por transparencia, igualdad de trato y libre competencia”, indica Montserrat.
En una segunda pregunta, Montserrat pide aclaraciones a la Comisión tras su respuesta a la interpelación parlamentaria E-003034/2025 sobre el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), que permitió la inyección de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Según la eurodiputada, la Comisión hasta ahora, se ha limitado a señalar que el régimen general del fondo fue autorizado con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la UE y validado por los tribunales, pero no ha examinado el caso concreto que afecta a Begoña Gómez.
Montserrat subraya que existen abundantes “informaciones públicas sobre presiones políticas, conflictos de interés y trato discriminatorio” en torno a la operación de rescate de Plus Ultra, por lo que considera que la Comisión tiene la obligación de activar mecanismos de control adicionales en virtud de los artículos 317 y 325 del TFUE, el Reglamento Financiero de la UE y el Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Pregunta expresamente si el Ejecutivo comunitario piensa remitir el caso al Tribunal de Cuentas Europeo, a la OLAF o a la Fiscalía Europea.
