La Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información marca un antes y un después en el funcionamiento de las instituciones:
1. Más información a los ciudadanos:
Todas las administraciones tendrán la obligación de publicar toda la información relativa a la gestión del dinero público, sin solicitud previa.
2. Un órgano independiente velará por el cumplimiento de la norma:
– El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será el encargado de vigilar la aplicación de la Ley y resolver los conflictos que puedan surgir.
– Además se aprovechará la creación de la Autoridad Fiscal independiente y el refuerzo de otros organismos, para garantizar la eficacia de la Ley.
3. La Monarquía se someterá al mismo régimen de transparencia:
– La monarquía española es la primera monarquía europea en someterse a una obligación legal de transparencia.
– Responderá al mismo régimen de transparencia que se exige al Congreso, al Senado o al Tribunal Constitucional.
4. Más control de las instituciones que se financian con dinero público:
– Además de partidos y sindicatos, también se incluirá al Banco de España y a aquellas entidades privadas que reciban una financiación pública relevante.
– Los grupos parlamentarios definirán la cuantía mínima que determine esa relevancia.
5. Se refuerzan las sanciones contra el despilfarro y la mala gestión:
– Se tipifican como infracciones: conflictos de intereses, incumplimientos disciplinarios, gestión económica y obstrucción al ejercicio de transparencia.
– Se fijará un baremo público sobre las retribuciones de los cargos públicos.
El Gobierno abre el diálogo con todos los grupos para mejorar el texto.
La elaboración del texto se abrió a la participación ciudadana directa a través del Portal Digital de la Ley de Transparencia.
Oponerse a la ley sin presentar alternativas es poner obstáculos a una ley clave para iniciar la regeneración democrática.
España necesita políticos que aprovechen las oportunidades para que haya
consenso, no oportunistas que sacan partido de romper los consensos.
