Tras una jornada de trabajo en el ministerio de Vivienda
Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP alertan del caos y la incertidumbre generado por el Gobierno con el real decreto de ventanilla turística única y exigen la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Turismo, presidida por el ministro de Industria y Turismo, para abordar de manera inmediata los problemas generados para el turismo por la entrada en vigor del texto legal en plena temporada alta y tratar de revertir la situación actual de incertidumbre.
Asimismo, piden la inclusión del sector privado en este proceso, para garantizar que cualquier medida tenga en cuenta la realidad del tejido empresarial turístico, y la constitución de un grupo de trabajo único con participación en el mismo de todas las partes implicadas, fundamentalmente autoridades competentes en materia de ordenación turística, representantes del sector y plataformas.
Por otro lado, consideraron esencial establecer mecanismos eficaces que pongan freno a la proliferación de anuncios en plataformas de comercialización que escapan al control administrativo, porque esta práctica erosiona gravemente la competencia leal, la calidad del destino y la confianza del visitante.
Los responsables autonómicos del PP expresan su profunda preocupación ante la improvisación, la incertidumbre normativa y la exclusión de las administraciones competentes en el diseño de la nueva regulación cuya aplicación comienza el próximo 1 de julio.
REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA
Las CCAA participaron esta semana en la jornada informativa celebrada hoy en la sede del Ministerio de la Vivienda sobre la aplicación del Real Decreto de ventanilla única digital para el registro y control de los servicios de alojamiento turístico de corta duración.
Durante la jornada, se puso de manifiesto que el decreto, lejos de responder a las expectativas generadas, va a derivar en su inaplicación efectiva en la fecha prevista -1 de julio- al provocar duplicidades administrativas, inseguridad jurídica y una intervención estatal innecesaria, cuestionada por el propio Consejo de Estado y la Unión Europea, y sobre todo costosa para el sector.
La jornada, lejos de aportar certezas sobre el marco normativo, puso en evidencia una alarmante ausencia de coordinación, previsión y rigor jurídico, provocando más dudas que respuestas entre los responsables técnicos y directivos autonómicos. Especialmente preocupante ha sido la confirmación por parte del Gobierno de que el 1 de julio continuarán publicitándose alojamientos turísticos ilegales en plataformas online, sin un régimen sancionador efectivo ni una fecha concreta para su aplicación
Los responsables autonómicos del PP manifestaron su desacuerdo en la fórmula jurídica elegida para la implantación de la nueva ventanilla única digital en el marco del decreto regulador, aunque compartieron, conforme a lo establecido en el Reglamento europeo que será de aplicación directa en 2026, el objetivo de garantizar que las viviendas de uso turístico cumplan con la normativa vigente y estén debidamente registradas.
En resumen, lo principales puntos de desacuerdo son:
1.- Improvisación y precipitación: La entrada en vigor del real Decreto se pretende ejecutar en plena temporada alta, sin planificación ni consenso, generando confusión entre las administraciones, los comercializadores y los propietarios de estas unidades de vivienda que en algunas ccaa representan más del 50’por ciento del alojamiento turístico.
2. Falta de liderazgo del ministerio de Turismo: El ministerio ha estado ausente no solo en esta jornada, sino durante todo el proceso de diseño, aprobación y puesta en marcha del Real Decreto, a pesar de tratarse de una norma de impacto estructural en el sector turístico de gran dimensión.
3. Intrusión competencial: Se han planteado propuestas de regulación e implementación por parte de entidades ajenas al sector, como los registradores de la propiedad, que asumen funciones que legalmente corresponden a las administraciones autonómicas en materia turística.
4. Confusión normativa a pocos días de su entrada en vigor: A apenas 10 días del 1 de julio, persisten graves lagunas en los criterios a aplicar, sin una guía clara sobre los usos y temporalidad, la necesidad de múltiples registros para una misma unidad alojativa o la forma en que se deben compartir los datos con las autoridades competentes.
5. Falta de información clara y precisa: Ni las Comunidades Autónomas ni los ciudadanos disponen de la información necesaria para aplicar con seguridad jurídica los dictados de ese real decreto.
