Comisión de Peticiones
La Comisión Europea deberá continuar analizando las denuncias por compra de informes ambientales y fragmentación de proyectos eólicos en Teruel bajo el mandato de Teresa Ribera.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo indicó que, tras la exposición realizada por la Comisión, corresponde ahora al Ejecutivo profundizar en el análisis y recopilar nuevos datos que permitan esclarecer las condiciones en las que se validó el mayor macroproyecto energético bajo el Gobierno de Pedro Sánchez y que llevó a cabo la vicepresidenta de la Comisión Europea, ministra del ramo cuando se tramitaron estos proyectos.
Desde el Partido Popular se denunció la gravedad de la “presunta trama de corrupción” que “implicaría de forma directa al Ministerio para la Transición Ecológica” durante la etapa de Teresa Ribera en este macroproyecto que afecta directamente a espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Durante el debate de la petición presentada por la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel en la comisión de Peticiones, el PP señaló que “se habla de la compra de declaraciones de impacto ambiental favorables, de la obtención de permisos, de la fragmentación artificial de proyectos para eludir controles más estrictos y de otros posibles delitos”.
“Esto es lo que hay que resolver judicialmente y lo que debería derivar además en la asunción de responsabilidades políticas”.
El PP denuncia que “no cuestiona los proyectos de energías renovables, sino la forma en la que se han tramitado”, y defiende que su desarrollo debe ser “compatible con la protección ambiental y la ordenación del territorio”, además de regirse por “la ley y la absoluta transparencia”.
“De confirmarse estas sospechas, habría una vulneración clara de directivas europeas fundamentales”, por lo que el PP reclama que “cualquier financiación europea vinculada a estos proyectos esté condicionada al estricto cumplimiento de la normativa ambiental y de transparencia”.
El eurodiputado del PP, el aragonés Borja Giménez Larraz puso en valor el potencial de las energías renovables para “generar inversión, crecimiento, empleo y oportunidades industriales” y contribuir a “fijar población” en territorios como Teruel, pero insistió en que ello debe hacerse “con garantías”. “Esperamos que esto se resuelva lo antes posible y que se pueda seguir avanzando en proyectos que son fundamentales para Aragón y, en particular, para la provincia de Teruel”, concluyó.
PERMISOS “A DEDO” Y SIN CONTROL
Por su parte, la eurodiputada popular Elena Nevado, cuestionó la tramitación del proyecto al afirmar que se ha llevado a cabo “bajo una única planificación ambiental que no ha sido absolutamente rigurosa, que se ha aprobado a dedo y que se ha hecho sin control”. Por ello, pidió a la Comisión Europea mantener abierta esta petición, que “vigile”, que “pida explicaciones al Gobierno de España” y que el caso “sea examinado con rigor”, pues “aquí también hay fondos europeos en juego”.
El PP da absoluta credibilidad a las denuncias de los peticionarios pues el clúster del Maestrazgo es la cara más visible del modelo, incluyendo 22 parques eólicos, más de 170 kilómetros de líneas de alta tensión en “un macroproyecto de más de 800 millones de euros”.
La eurodiputada sostuvo además que se trata de “algo muy serio que está bajo investigación en España” y advirtió de que “la Unión Europea debería estar muy vigilante sobre qué se está haciendo y qué está ocurriendo”. En ese sentido, afirmó que “hay una clara responsabilidad de la que hoy es vicepresidenta de la Unión Europea” y añadió: “si esto lo hizo en España, debemos estar muy atentos en Europa”.
PLATAFORMA EN DEFENSA DE PAISAJES DE TERUEL
Por su parte, el peticionario, en representación de la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, enumeró los posibles incumplimientos de varias directivas europeas en la tramitación de proyectos eólicos en la provincia.
Según explicó, el denominado clúster del Maestrazgo —con decenas de parques, infraestructuras asociadas y miles de parcelas afectadas— habría sido evaluado “de forma conjunta en un único estudio”, lo que, a su juicio, elude la obligación de una evaluación ambiental estratégica y “vicia el procedimiento”.
Asimismo, criticó que se hayan “postergado estudios clave” a fases posteriores a la autorización y alertó de la acumulación de proyectos en zonas sensibles como la Red Natura 2000 “sin una planificación previa adecuada”. El peticionario también cuestionó la aplicación de las directivas de hábitats y aves, al considerar que los impactos sobre espacios protegidos y especies “han sido infravalorados”.
Por todo ello, pidió a las instituciones europeas que “aclaren si estas prácticas son conformes al Derecho de la Unión” y reclamó la apertura de una investigación “preliminar y urgente”, así como un posible procedimiento de infracción.
