Así, la modificación contemplada por el GPP pretende reforzar uno de los pilares básicos del sistema penitenciario, los funcionarios de prisiones, con carácter urgente. Para salvaguardar su integridad física, el texto también recoge que, en los procedimientos penales seguidos contra funcionarios penitenciarios, se garantice su separación del resto de los detenidos en caso de detención.
El GPP también pide que la Administración penitenciaria cuente con el personal necesario y debidamente cualificado. Disponer de un colectivo de funcionarios penitenciarios con prestigio social, con reconocimiento institucional y con respaldo legal a su autoridad es esencial para avanzar en un sistema de calidad que dispense a la sociedad española un servicio público altamente eficaz.
Resulta imprescindible establecer iniciativas eficaces para la prevención y actuación ante las agresiones que sufren los funcionarios de prisiones: 2.200 en los últimos seis años -una media de un ataque diario con lesiones-, según datos del Ministerio del Interior. Debido a la pronta disolución de las Cortes, el GPP mantendrá su compromiso con los funcionarios de prisiones la próxima legislatura, para que esta iniciativa sea una realidad lo antes posible.
