El compromiso es que las medidas entren en vigor en el menor tiempo posible, con tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.
Se pondrá especial atención a los procedimientos de desahucio más urgentes y vulnerables: aquellos en los que están implicados niños y ancianos.
Seis expertos, propuestos por el Gobierno y por el principal partido de la oposición, empezarán a trabajar en las medidas a partir del lunes.
Las medidas que se adopten no serán voluntarias, como ocurría en el caso del Código de Buenas Prácticas, sino que tendrán carácter obligatorio.
