En declaraciones a los medios en Santander
- “¿Qué más tiene que pasar?”, se pregunta la secretaria general del PP tras conocerse que el juez del Tribunal Supremo ha enviado a la UCO a registrar la sede del PSOE y varias instalaciones del Gobierno de España como el Ministerio de Transportes, la Dirección General de Carreteras o la empresa pública Adif. “Esta huida hacia delante de Pedro Sánchez ha llegado a su fin”, sentencia
- Recuerda que el juez del Supremo también ha imputado hoy a Santos Cerdán, “el segundo secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez y solo ha tenido dos” desde que es presidente del Gobierno
- Señala que “estamos hablando de presuntos cobros de comisiones, mordidas, cohechos” y hasta “escándalos de prostitución” que se habrían cometido “desde la cúpula del Partido Socialista y a través del Gobierno de Pedro Sánchez”
- Critica que parece que la trama de corrupción de Ábalos y Cerdán también ha intentado eliminar pruebas “a través de esos pendrives que alguien intentaba hacer desaparecer en la ropa interior de una chica”
- “Esto no se aguanta más, ya no puede sostenerse”, advierte Gamarra, quien denuncia el “bochorno internacional” que supone estar “un día sí y otro también en la prensa internacional” por los escándalos que afectan al presidente del Gobierno: “Solo hay un camino y es que dé la palabra a los españoles”
- Anuncia que hoy el PP ha vuelto a formular un recurso de súplica exigiendo ante el Tribunal Constitucional que se suspenda la tramitación del recurso contra la Ley de Amnistía hasta que no se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “para evitar el coche de trenes” entre el TC y el TJUE
- Subraya las “alegaciones que la propia Comisión Europea ha planteado” en relación a las críticas a la Ley de Amnistía, catalogada como autoamnistía y exige evitar la “colisión” entre el Constitucional y la justicia europea, una justicia “que también nos afecta”
- Exige la “paralización” de las reformas sobre el sistema judicial que está planteando el Gobierno de España y que están siendo rechazadas por los propios jueces y fiscales porque el único objetivo que tienen es que Sánchez encuentre “una tabla de salvación ante tanta corrupción” e intentar “parar todas las causas que tiene abiertas”
- Denuncia el “deterioro” que está viviendo el Estado de derecho en nuestro país por la “degradación institucional y de corrupción que estamos viviendo” y que está siendo “impulsado y promovido” por el propio Gobierno de España
- Afirma que “en cualquier democracia” un fiscal general imputado en el Supremo habría dimitido, pero que aquí el Gobierno “lo sostiene” porque los presuntos delitos los habría cometido por instrucciones recibidas “desde la propia Presidencia del Gobierno”, según el auto del TS
