En la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo
El diputado del GPP, Félix de las Cuevas, aclara que este debate “no trata solo del lobo, sino del futuro del mundo rural y de la ganadería extensiva, que es pilar de la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación”. “Los guardianes históricos de nuestro territorio son los ganaderos”, agrega
Explica que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo “carece de fundamento jurídico sólido e ignora cuatro principios: la regulación Nacional, la Directiva de la UE, la situación real del lobo en España y la voz de miles de ganaderos que sufren su ataque con la amenaza de la supervivencia económica”
“El drama de los ganaderos, especialmente los situados geográficamente al norte del Duero, viven una situación límite”, afirma, al tiempo que apunta que sólo en Castilla y León los ataques del lobo han crecido un 47% desde 2021 y las indemnizaciones superaron los 4,8 millones de euros
Pone en valor la gestión de Cantabria “como modelo responsable, por un control poblacional del lobo con equilibrio y convivencia. No queremos exterminar al lobo, queremos volver al status existente antes de la entrada del lobo en el LESPRE”
“Ese es el modelo que defendemos: convivencia real, gestión técnica sobre datos rigurosos, no sesgados, respeto al territorio y al autogobierno de las CCAA”, remarca, a la vez que sentencia que “los ganaderos no se merecen más imposiciones desde despachos alejados del campo”
Reprocha al Gobierno que “el verdadero déficit democrático no está en la Ley, sino en la falta de escucha”. La Ley 1/ 2025 fue fruto de un proceso parlamentario transparente, apoyado por fuerzas políticas con arraigo en los territorios rurales. “Es, por tanto, una norma legítima y necesaria, que el Gobierno está queriendo boicotear”, sentencia
A su juicio, la contradicción entre no poner un recurso de inconstitucionalidad ante la Ley de Amnistía y sí contra una Ley que protege al lobo y los ganaderos “supone un sesgo ideológico no aceptable”, y asegura que “la defensa de la igualdad ante la ley debe ser coherente y para todos, en todos los casos”
En su opinión, los argumentos del recurso” son inconsistentes” porque la gestión del lobo no vulnera el articulo 45 sobre Medio Ambiente, tampoco la tutela judicial efectiva y critica que en el año 2021 la decisión del Ejecutivo fue una decisión ministerial unilateral que impuso la protección de lobo sin dialogo ni consenso
“Desde el PP defendemos una gestión técnica del lobo que garantice una convivencia real con la ganadería extensiva y exigimos que se cumpla la normativa nacional y europea. Pedimos que se escuche a los ganaderos, verdaderos conocedores del territorio, y que se proteja al medio rural”, asevera
En este sentido, reclamamos, además, que la gestión de la especie se transfiera por completo a las comunidades autónomas y reivindicamos la defensa del mundo rural como una auténtica cuestión de Estado. “Pedimos al Defensor del Pueblo que retire su recurso de inconstitucionalidad”, concluye