En la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander
- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que España atraviesa una situación institucional “muy grave” y pide a los ciudadanos que no se acostumbren a ver como normal un sistema político sometido a 17 sumarios, con19 delitos donde hay más imputados que diputados socialistas, con penas que superan los 2.300 años de cárcel
- Acusa a Pedro Sánchez de defender a José Luis Rodríguez Zapatero para apoyarse a sí mismo y cree que no hay dimisiones después de la imputación de 25 cargos en un mismo auto porque se vería afectado el propio presidente del Gobierno. “¿Ustedes conocen a alguien que haya dimitido en nuestro país por los casos de corrupción?”, pregunta
- Interpela a la Agencia Tributaria por el tiempo que necesita para personarse como perjudicada en la causa contra Zapatero, como pide el juez Calama, por no declarar las joyas localizadas en una caja fuerte de su despacho, con un valor de más de 1,3 millones de euros. “¿Esto se lo perdonaría a un autónomo?”, pregunta
- Reprocha a los socios parlamentarios del Gobierno que continúen sosteniendo a Pedro Sánchez pese a la gravedad de los casos de corrupción conocidos y advierte de que tendrán que dar explicaciones a sus electores por prolongar esta situación política
- “La corrupción no solamente afecta al núcleo duro, que es el PSOE, sino que afecta a todos sus satélites por complicidad, que son todos los socios que después de perder las elecciones le han otorgado la presidencia de gobierno y que le mantienen”, zanja
- Explica que las actuaciones judiciales afectan a dirigentes socialistas que durante años ocuparon las más altas responsabilidades del Estado, como Ábalos, Cerdán o el fiscal general, y considera que el Ejecutivo pretende tapar los escándalos en lugar de asumir responsabilidades políticas
- Denuncia que la corrupción ha dejado de ser “un episodio aislado” para convertirse en “una corrupción sistémica” que afecta al funcionamiento de las instituciones y compromete la credibilidad del Gobierno dentro y fuera de España
- Considera que el Ejecutivo “ha normalizado” prácticas incompatibles con una democracia y advierte de que el problema ya no son solo los casos de corrupción, sino una forma de gobernar basada en proteger a los implicados y desacreditar a quienes investigan las causas abiertas
- Subraya que España necesita una política migratoria “seria, ordenada y responsable” y defiende que la inmigración debe estar vinculada “a la legalidad, al empleo y a la integración”, garantizando la seguridad y la convivencia
- Advierte de que no se puede confundir solidaridad con descontrol y reclama una política de inmigración que proteja las fronteras, combata las mafias y responda a las necesidades reales del mercado laboral español
- Dice que el Gobierno ha utilizado la inmigración “sin planificación y sin política de Estado” y afirma que el PP impulsará un modelo basado en el cumplimiento de la ley y en la cooperación y el respeto a las leyes de la Unión Europea
- Critica la utilización partidista de la Ley de Nietos y arremete contra el Gobierno por volver a legislar pensando en su interés político, en lugar de hacerlo desde el consenso, advirtiendo de que cualquier modificación en materia de nacionalidad debe responder al interés general y no a cálculos electorales o de conveniencia parlamentaria
- “No se hace de forma transparente y limpia. Esto no se hace con memoria económica. Evidentemente, nosotros a eso decimos que así no”, señala en referencia a esta ley en la que ya nos e habla de nietos, sino de biznietos y tataranietos
- Destaca que Europa atraviesa un momento decisivo y considera imprescindible reforzar su autonomía estratégica para garantizar la seguridad, la competitividad y la capacidad industrial del continente frente a los desafíos internacionales
- Reivindica que España debe participar con liderazgo en la construcción de esa autonomía estratégica y apuesta por fortalecer, como sectores prioritarios, la Energía, la Industria y la Defensa
- Subraya que la primera prioridad de su Gobierno será la vivienda y adelanta que pondrá en marcha un plan consensuado con ayuntamientos para construir un millón de casas, creando 500.000 empleos, con bajadas de impuestos a menores de 40 años, muchos de ellos teniendo que vivir en pisos compartidos
